La Eurocámara ve necesario reformar la ley de asilo

En una resolución para evaluar el funcionamiento de la norma que determina el Estado miembro que debe tramitar una solicitud de asilo, piden un mecanismo solidario para garantizar el derecho fundamental de asilo y el reparto de responsabilidades entre los Estados miembros. El texto fue aprobado con 448 votos a favor, 98 en contra y 149 abstenciones. La aplicación inadecuada de la jerarquía de criterios -en particular el uso excesivo del criterio del primer país de entrada- y la ejecución ineficaz de los traslados incrementan la presión sobre algunos países, sobre todo los situados en primera línea, en concreto, Grecia, Italia, Malta, Chipre y España, subraya el Parlamento, que reclama reglas más justas.

Los eurodiputados lamentan que el Consejo, a diferencia del Parlamento, no adoptó una posición sobre la propuesta de refundición de Dublín, lo que supone, en la práctica el bloqueo de esa reforma y deja a la UE con unas normas «que han demostrado ser ineficaces a la hora de gestionar un elevado número de llegadas». Insisten en que los acuerdos ad hoc no pueden sustituir a un Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) armonizado y sostenible y reclaman más recursos y capacidades para los países en primera línea mientras no haya una reforma del Reglamento de Dublín.

La Cámara adoptó una segunda resolución sobre la actual directiva de retorno. Con 512 votos a favor, 134 en contra y 49 abstenciones, el pleno afirma que «una política de retorno eficaz es uno de los elementos fundamentales de una política europea de asilo y migración operativa» y destaca que desde 2015 el número de devoluciones efectivas se ha reducido, no necesariamente debido al descenso de las llegadas irregulares.

Los eurodiputados inciden en que la efectividad de la política de retorno de la UE no debe medirse sólo en función del porcentaje de retornos, sino también a la vista de su sostenibilidad y del respeto de los derechos fundamentales y las garantías procedimentales. Según la resolución, los Estados miembros deben dotar con los recursos humanos adecuados y la formación necesaria a las autoridades responsables de la política de retorno y siempre que sea posible, debe darse prioridad a los retornos voluntarios. En cuanto a los menores no acompañados, deja claro que no deben ser retornados, salvo que pueda demostrarse que es en el mejor interés del menor.