Estados Unidos carga contra el informe «engañoso» del psiquiatra de Assange

Lewis abrió la primera de dos jornadas de alegatos, previstas en el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, en el recurso contra la decisión de la Corte de Magistrados de Westminster, que en enero de este año bloqueó la entrega del periodista e informático australiano por motivos humanitarios derivados de su salud mental. Assange, de 50 años, pudo seguir la vista judicial por videoconferencia desde el penal de máxima seguridad de Belmarsh, el bautizado 'Guantánamo inglés'. Su pareja y abogada Stella Moris, expresó antes su «inquietud» por su debilitada salud y lejanía del juzgado, que le impidió «consultar y dar instrucciones» a sus representantes legales.

El abogado y académico Aitor Martínez, del despacho ILOCAD fundado por Baltasar Garzón, acompañó a Moris y a directivos de WikiLeaks hasta el interior del recinto judicial. Martínez coordina en España el procedimiento judicial abierto contra la empresa andaluza de seguridad que, según los indicios desvelados hasta la fecha, espió y transmitió presuntos planes para secuestrar y envenenar a Assange en la fase casi final de su refugio londinense en la embajada de Ecuador. «Sería impensable que un tribunal de Reino Unido acorde extraditar a un periodista al país que ha conspirado para asesinarle», denunció Moris.

En la vista, Lewis deslegitimó el informe inicial del neurosiquiatra Michael Kopelman- experto médico de la defensa en el juicio original- debido a que oculta la realidad de que Assange había formado una familia con Moris y tiene dos hijos «que fueron concebidos» en la legación ecuatoriana. «Un experto debe ser objetivo e imparcial. Su deber al tribunal está por encima de sus pacientes. No hizo una declaración honesta de la verdad», alegó el letrado.

La defensa del australiano basa su contraargumento en que, en su sentencia del 4 de enero, la jueza Vanessa Baraitser reconoce el «engaño» del testigo médico y, aun así, concluye que la opinión del profesor Kopelman fue 'imparcial y desapasionada». En un breve resumen de su posición, que se detallará en la vista prevista para mañana jueves, Edward Fitzgerald defendió la «considerada y completamente razonada resolución de la magistrada» de primera instancia.

El abogado solicitó también la desestimación de las «llamadas garantías» que las autoridades estadounidenses han presentado «tan tardíamente». Las ofertas incluyen un compromiso limitado de que Assange no sería encarcelado, antes o después de un potencial juicio en el Estado de Virginia, bajo el régimen de máxima seguridad, que se aplica regularmente a los procesados y convictos de cuestiones de seguridad nacional.

Sobre el ahora exeditor de WikiLeaks pesan imputaciones de conspiración para infiltrar sistemas informáticos gubernamentales y 17 presuntos delitos de obtención y difusión de datos clasificados en violación de la ley de Espionaje, de 1917. Los cargos están conectados con la publicación en la plataforma electrónica de cientos de miles de informes militares estadounidenses, cables diplomáticos y partes de las guerras de Afganistán e Irak, que también difundieron medios más tradicionales, desde El País, Le Monde, The Guardian y New York Times, entre otros.