Washington contrata una cárcel privada para recluir a un millar de inmigrantes

Este anuncio se produce un día después de que la Patrulla Fronteriza informase de que detuvo a más indocumentados en los primeros seis meses y medio del presente año fiscal (que empezó el 1 de octubre de 2018) que durante todo el año fiscal anterior. Al concluir la pasada semana, los agentes fronterizos habían detenido desde octubre en la frontera sur de EE UU a más de 414.000 inmigrantes, en comparación con los 396.579 detenidos entre octubre de 2017 y septiembre de 2018.

El número de indocumentados que cruzan la frontera de México con Estados Unidos ha crecido en los últimos meses, sobre todo con solicitantes de asilo centroamericanos, hasta niveles récord en la última década, por lo que las autoridades federales buscan nuevos lugares donde mantenerlos detenidos.

El llamado 'Centro' de GEO albergará a partir del tercer trimestre de este año a los detenidos por los servicios de inmigración federal bajo un acuerdo de servicio intergubernamental existente entre ICE y la jurisdicción de Evangeline Parish (Louisiana), en donde está Basile.

«Nos complace haber podido desarrollar nuestra asociación de larga data con ICE para ayudar a la agencia a satisfacer su creciente necesidad de camas de detención que cumplan con las normas de detención nacionales», expresó George C. Zoley, presidente y director ejecutivo de GEO.

La compañía, con sede en Boca Raton, al norte de Miami, señaló además que espera un aumento de ingresos anuales por unos 25 millones de dólares. GEO ha tenido una larga relación público-privada con ICE que se remonta a la década de 1980.

Según la empresa, sus operaciones mundiales incluyen la propiedad y/o administración de 134 instalaciones que totalizan aproximadamente 95.000 camas, incluyendo proyectos en desarrollo, con una fuerza laboral creciente de aproximadamente 23.000 personas.

Este año, sin embargo, GEO enfrentó la cancelación del contrato del mayor centro de detención que administra en California, el de Adelanto, con unas 1.900 camas, tras años de presión de grupos defensores de los inmigrantes que cuestionaron las condiciones de los detenidos, que incluso realizaron huelgas de hambre. Esta ciudad decidió en marzo pasado cancelar el contrato que tenía con ICE y el grupo GEO, en un plazo de noventa días.