Trump quiere meter a Bush y Obama en el saco de sus demandas

Trump está acusado de cuatro cargos federales relacionados con su participación en los altercados del 6 de enero de 2021 que acabaron en la toma del Capitolio por parte de sus seguidores, arengados por él en un mitin previo. Las tres juezas que integran el Tribunal de Apelaciones de Washington DC no tienen que decidir si es culpable o inocente de esos cargos, sino si es procedente enjuiciar a un expresidente de EE UU por algo que hizo mientras ostentaba el cargo y, presuntamente, en el ejercicio de sus funciones.

De hecho, para los efectos se asume su culpabilidad, motivo por el que algunos juristas alegan que la audiencia ocurrida este martes a petición del imputado, que clama su inmunidad, no puede celebrarse hasta que haya concluido el juicio. En esto, que tanto interesó a las juezas, el fiscal especial y los abogados de Trump estaban en el mismo bando, porque Smith también prefiere que se dirima el asunto antes de mantener al país en vilo con el juicio, previsto para empezar el 4 de marzo, un día después de que se celebren las primarias del Supermartes.

No era necesario que el imputado se encontrara en la sala, pero Trump ha comprobado que cada una de sus apariciones judiciales abre la caja registradora en la que sus votantes depositan cantidades que suman millones de dólares. Sus números suben en las encuestas, porque los que se implican directamente con él piensan que está siendo injustamente perseguido para impedir que vuelva a la Casa Blanca.

En la sala del edificio E. Barrett Prettyman, que Trump ya había visitado para su imputación, no se permitían cámaras, pero el expresidente quiso estar cerca de sus abogados para pasarles frecuentemente notas amarillas que los periodistas presentes no podían leer, pero resultaban fácil de intuir. Las frases en las que se destacaba lo inusual de enjuiciar a un candidato presidencial que va «muy por delante en las encuestas» se le oye frecuentemente en sus discursos políticos.

El magnate sabía que los medios repetirían lo que se decía en la sala con más fidelidad que lo que dijo después ante las cámaras del hotel Waldorf Astoria, donde no aceptó preguntas. De hecho, las principales cadenas de televisión transmitieron su imagen pero no sus palabras. De sus cuatro años de gobierno han aprendido a no servir de altavoz para sus mentiras, caldo de cultivo para sus seguidores.

Hablar del fraude electoral que se ha demostrado falso, de la caza de brujas a la que dice estar siendo sometido o del peor presidente que haya visto Estados Unidos para referirse a su rival pertenece, como mucho, a sus mítines de campaña, donde se vive una realidad paralela que incendia los ánimos. Este martes advirtió que si sus problemas con la justicia le hacen perder las elecciones se desencadenará el caos. «Será algo muy malo», advirtió. «Como hemos dicho, abrirá la caja de Pandora».

Esa frase también se había escuchado en la sala del juzgado 31 en la que sus abogados intentaron convencer a las tres juezas del Tribunal de Apelaciones de que si permiten que siga adelante el proceso judicial contra él se abrirán las puertas del infierno para quemar en la hoguera a otros presidentes pasados o futuros por sus acciones al frente del país. Las juezas no parecieron comprar ese argumento de que el presidente está por encima de la ley, como tampoco lo aceptase Tanya Chutkan, quien presidirá el proceso.

Según Sauer, los presidentes solo se pueden juzgar después de que sean condenados por el Senado en un juicio de 'impeachment', lo que deja abierta la posibilidad de que hagan cuanto les venga en gana sin sufrir consecuencias, porque «ténicamente, si el presidente lo hace no es ilegal», dijo infamemente Richard Nixon en una entrevista, cuando se enfrentaba al WaterGate. Nixon fue indultado por su sucesor, pero si prevalece la teoría legal de los abogados de Trump, cualquier presidente podría librarse de las consecuencias penales con dimitir antes de que el Congreso se pronuncie en un juicio de impeachment.

«Sería paradójico decir que un mandatario puede violar la ley mientras cumple con su deber constitucional de velar por la ejecución de las mismas», observó la jueza Karen Henderson, la única nombrada para el cargo por un presidente republicano, George H.W. Bush. Es más, planteó su compañera en el estrado, Florence Pan: «¿Me está diciendo que un presidente podría vender indultos, secretos militares o incluso mandar a un equipo de fuerzas especiales como los Navy SEAL a matar a un rival político sin sufrir consecuencias penales, a menos que haya sido condenado en un proceso de impeachment?», preguntó retóricamente.

El abogado de Trump se escurrió como pudo, porque sabe que la última palabra la tendrá el Tribunal Supremo de EE UU, donde los tres nombramientos que hiciera Trump durante su gobierno inclinaron la balanza hacia el lado conservador. A sabiendas de que decida lo que decida el Tribunal de Apelaciones el juicio difícilmente podrá empezar el 4 de marzo si está en manos del Supremo, Trump consigue su propósito de dilatar el proceso. Si vuelve a la Casa Blanca en enero, tendrá la opción de poner a prueba todo el sistema una vez más con algo que ningún presidente ha hecho antes: perdonarse a sí mismo.