Trump será el primer presidente juzgado en el Senado tras dejar el cargo

En el primer 'impeachment' de 2019, Trump fue acusado de abuso de poder por utilizar el cargo para coaccionar al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para que abriese una investigación por corrupción al hijo de Joe Biden. Esta vez se le acusa de un crimen aún mayor: incitar a la insurrección. La acusación se aprobó con el mayor apoyo bipartidista que haya tenido un 'impeachment' en la historia, pero eso fue hace casi tres semanas. Toda una vida en la agitada vida política de EE UU.

El 13 de enero los legisladores aún sentían el miedo en el cuerpo. Las imágenes de las turbas asaltando el Capitolio, rompiendo puertas y ventanas y violando sus oficinas estaban frescas. El cuerpo del único policía fallecido durante los enfrentamientos aún no había sido enterrado. Otros dos se suicidaron después, traumatizados por los acontecimientos y mortificados por el desprecio de la opinión pública, que les culpó del asalto por no haberse preparado para el embate. El jefe de la Policia del Capitolio Steven Sund dimitió.

Según el sindicato policial, 140 agentes resultaron heridos durante le asalto del 6 de enero, muchos con traumatismo craneal, pero también con costillas rotas, discos vertebrales destrozados e infartos. Uno hasta perdió un ojo. Otro, el dedo. Además, 38 agentes dieron positivo de Covid-19 en los días sucesivos. Y a eso habría que sumar 65 policías heridos de Washington DC.

Les golpearon con palos, barras de metal y todo lo que encontraron a mano. Hasta les metieron objetos punzantes en los ojos. Dentro, los servicios secretos escondieron en una sala al vicepresidente, Mike Pence, y su familia, que podían oír a poca distancia los gritos de «¡Colguemos a Pence!», a quien Trump acusar ante la turba de no haber evitado la certificación de resultados electorales «fraudulentos».

La Policía del Capitolio activó los planes de emergencia para evacuar a los líderes del Congreso y los legisladores que tenían a mano. Otros buscaron refugios en los armarios o los cuartos de baño, mientras sus ayudantes parapetaban las puertas de las oficinas con los muebles. «Muchos de nosotros fuimos al colegio en la era post-Columbine y estábamos entrenados para responder a una situación en la que hubiera un pistolero activo», explican en una carta hecha pública esta semana, en la que piden al Senado que condene a Trump «por incitar a la turba para que detuviera la certificación de los resultados electorales».

No lo harán. Solo cinco republicanos votaron la semana pasada en contra de anular el juicio con el argumento de que es inconstitucional cesar a un mandatario que ya ha dejado el cargo. Un mes después, el miedo a perder la vida ha sido sustituido por el miedo a perder el cargo.

Donald Trump sigue siendo enormemente popular en su partido, como demuestran los más de 74 millones de votos obtenidos en las elecciones de noviembre y la reacción negativa de las bases contra los diez republicanos que votaron a favor de su 'impeachment'. Acorralados entre la supervivencia política y el deshonor histórico, los senadores conservadores han indicado a los abogados del expresidente que se apoyen en la inconstitucionalidad del proceso para darles una coartada.

Antes de que este lunes empiece el proceso a Trump ya le han abandonado dos abogados. Durante las doce horas de las que disponen para exponer la defensa, sus nuevos representantes legales -Bruce Castor Jr y David Schoen- argumentarán que la libertad de expresión amparaba a Trump cuando dijo que estas han sido «las elecciones más fraudulentas de la historia», según apostilló en el mitin previo al asalto. Como prueba de que no incitó a la insurrección exhibirán sus propias palabras grabadas en vídeo, con las que Trump conminó a los manifestantes a descender sobre el Capitolio «de forma pacífica y patriota».

Por su parte, los gestores de la Cámara Baja que harán de fiscales se han dedicado a explicar la constitucionalidad del proceso, pero también la campaña de intoxicación con la que Trump ha convencido a las bases de que les han «robado las elecciones».

La acusación ha citado al expresidente a declarar bajo juramento, pero él se ha negado. Llamar a otros testigos supondría dilatar el proceso durante semanas, algo que nadie quiere. Solo si las doce horas de emotivos argumentos orales de las que dispondrá la fiscalía, ilustradas con los escalofriantes vídeos del 6 de enero, convencen a 17 republicanos para que voten con los demócratas, Trump perderá el juicio de su vida. Después, una mayoría simple bastaría para inhabilitarle.