Trump ve en el juicio por fraude otra «farsa» para impedir su reelección

El juicio es consecuencia de décadas de sobrevaloración ilegal del precio de sus propiedades inmobiliarias para obtener préstamos financieros favorables. El proceso se concentrará solamente en determinar el valor de la sanciones económicas que Trump y sus hijos deben pagar, una cantidad establecida por la Fiscalía en un mínimo de 250 millones de dólares y que podría alcanzar los 600 millones. No habrá jurado debido a que uno de sus abogados olvidó realizar el papeleo para ello.

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Caroline Conejero

El dictamen por fraude reiterado emitido la pasada semana por el juez del Tribunal Supremo de Nueva York Arthur Engoron ha sido calificado por los expertos de pena de muerte corporativa para Trump ya que supone la demolición de su imperio inmobiliario y lo sitúa en un territorio inédito, tanto en el ámbito legal como empresarial. La pérdida de la licencia para operar en este estado deja a la Organización Trump sin permiso comercial y la envía a su disolución.

Se trata de «una catástrofe financiera», dijo Michael Cohen, el exabogado del magnate cuyo testimonio ha permitido entender cómo se inflaba el valor de las propiedades del político republicano. La empresa «funciona con un código de secreto similar al de la mafia» y la mayoría de los apartamentos de lujo de la Torre Trump, explicó, está en manos privadas y el magnate sólo es propietario del suyo, de la empresa que los gestiona y de algunos locales comerciales en los bajos que tendrá que vender para obtener liquidez y hacer frente al pago de las multas.

Trump y sus hijos están en la lista de testigos, por lo que podrían ser llamados a declarar, aunque no se prevé que ocurra. El juicio está previsto que dure hasta el 22 de diciembre.