El fiscal especial Jack Smith ha hecho su trabajo. Consciente de que procesar por primera vez en la historia a un expresidente de EE UU por cargos federales suscitaría todo tipo de críticas, el pliego de la imputación en el que se detallan 37 cargos ... se lee como el guión de una película trumpiana.
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El relato de esas 49 páginas no deja lugar a dudas de que su manejo de los papeles clasificados, que puede costarle hasta diez años de cárcel, no es como el que ha salpicado al presidente Joe Biden o al exvicepresidente Mike Pence, que colaboraron para devolver documentos que conservaron inadvertidamente. Trump conocía perfectamente la importancia de lo que guardaban las quince cajas que incautó el FBI en agosto del año pasado durante una redada. No acabaron en Mar-a-Lago por casualidad. Se las llevó precisamente porque su secretismo le hacía sentirse especial y le permitía fardar de ello.
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Mercedes Gallego
En 2021, al menos en dos ocasiones «Trump mostró documentos clasificados a otros», dice la acusación. Ya no era presidente, ni tenía necesidad de discutir asuntos de Estado con un periodista que le entrevistó en julio de 2021 en el mismo club de Bedminster donde el jueves por la tarde recibió la noticia de su imputación sentado en la piscina. En aquella ocasión solo trataba de impresionar al reportero. «Mira lo que he encontrado. Esto era un plan de ataque (a Irán), léelo y verás, es interesante», le dijo nada más saludarlo.
Poco después, durante la entrevista grabada por una de sus ayudantes de forma rutinaria, dio muestras de saber cuán delicado era lo que tenía entre manos. «¿No es increíble? Esto lo preparó -el nombre ha sido cambiado por 'un alto funcionario militar'- porque yo quería atacar a Irán. Tengo un montón de papeles, este acaba de salir». «Es información secreta. Mira, mira esto, Tú atacas y (…) Lo prepararon los militares para mí», fueron algunas de sus frases. La investigación señala que, entre los archivos, figuraba también «información sobre las capacidades de defensa de Estados Unidos y de países extranjeros», así como legajos «sobre los programas nucleares» estadounidenses, cuya «difusión habría puesto en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos».
Así de descuidado era el mandatario antes y después de dejar la Casa Blanca, pero sí la presidencia lo investía de cierta inmunidad, esa se le acabó el 20 de enero de 2020. Mar-a-Lago es un club social de Palm Beach donde se organizan fiestas para decenas de miles de invitados. No era precisamente una ubicación segura donde guardar los documentos más sensibles del Gobierno estadounidense. Y, ciertamente, el personal no estaba cualificado para manejarlos adecuadamente.
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«Podemos encajarlo todo si movemos sus papeles a la sala del Lago», escribió en un mensaje de texto uno de los empleados, según se lee en el escrito judicial.
«Todavía queda un poco de sitio en la ducha, donde están el resto de sus cosas. ¿Solo le importan los papeles? Porque hay otras cosas que no son papeles. ¿Podríamos meterlas en el trastero?», responde otro trabajador.
«Sí, cualquier cosa que no sean los hermosos papeles pueden acabar definitivamente en el trastero», concluye el primero.
Al exvicepresidente Mike Pence la imputación de su exjefe le sorprendió recién lanzada su candidatura a las presidenciales. Justo una semana antes, él mismo fue exonerado del hallazgo en su casa de doce documentos clasificados tras comprobarse que no había incurrido en irregularidades y que se habían mezclado inadvertidamente con otros en una caja. Sobre Trump, Pence dijo que «éste es un día triste para el país» y sostuvo que «el fiscal general debería proporcionar al pueblo estadounidense todos los hechos e información para que pueda juzgar juzgar por sí mismo».
Ron DeSantis, gobernador de Florida, no hizo una defensa explícita de su rival conservador, pero sí declaró que «la militarización de la aplicación de la ley federal representa una amenaza mortal para una sociedad libre». El político republicano citó a la demócrata Hillary Clinton para señalar que el Gobierno es «pasivo» con ella, pero «celoso en perseguir a Trump. Durante años hemos sido testigos de una aplicación desigual de la ley según la afiliación política», añadió antes de precisar que si llega a presidir la Casa Blanca «eliminará el sesgo político» en la impartición de justicia.
El exgobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, fue ayer el candidato de derechas más duro con el comportamiento de Trump. «Sus acciones, desde su deliberado desprecio por la Constitución hasta su falta de respeto por el Estado de Derecho, no deberían definir a nuestra nación ni al Partido Republicano», señaló en un comunicado. «Este es un día triste para nuestro país», anadió antes de pedir al expresidente que se retire de la carrera electoral. Chris Christie, otro de los aspirantes republicanos, también se mostró crítico aunque ceñido al mensaje de que «nadie está por encima de la ley».
Nikky Haley fue la primera política republicana que se postuló para las presidenciales de 2024 después de que lo hiciera su exjefe. Exgobernadora de Carolina del Sur y embajadora ante las Naciones Unidas durante el mandato de Trump, la aspirante declaró que «así no es como se debe buscar la justicia en nuestro país». Haley colgó un mensaje en las redes sociales donde mostró su convencimiento de que «el pueblo estadounidense está agotado por la extralimitación de la Fiscalía, el doble rasero y la política de 'vendetta'. Es hora de ir más allá del drama y las distracciones interminables».
Durante tres meses buena parte de los documentos se almacenaron debajo de uno de los dos salones de baile que tiene su residencia, como muestran las fotos del White and Gold Ballroom, que el fiscal especial ha incluido en la imputación. Durante ese tiempo siguieron celebrándose fiestas sin que nadie sospechase que bailaba frente a secretos de Estado al alcance de la mano.
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Las cajas que fueron a parar al trastero también contenían documentos sensibles, un total de 75, que en una ocasión quedaron desparramados a la vista de cualquiera, como demuestran las fotos que envió a uno de los empleados su propio mayordomo Walt Nauta, una de las dos personas que se llevó de la Casa Blanca cuando terminó su presidencia.
«Abrí la puerta y me encontré con esto», señala Nauta en el mensaje. Las imágenes mostraban todos los documentos desperdigados por el suelo con información sensible a la vista, hasta el punto de que la Fiscalía ha tenido que censurarlas. «Secret/Rel to USA FVEY', se leía en uno, lo que denota que sólo podía ser compartido con miembros de la Alianza de Inteligencia de los Cinco Ojos, integrada por Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos.
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El desapego con el que sus ayudantes trataron la información oficial tan sólo reflejaba la de su jefe, pero únicamente uno de ellos se enfrentará a cargos judiciales por haber sido cómplice del entonces presidente en su intento de burlar la devolución de los documentos que solicitaba el FBI y mentir durante el interrogatorio. «¿Así que hasta donde usted sabe era la primera vez que veía esas cajas que llevó al camión?», le encaró el funcionario. «Correcto», respondió Nauta, el exmarine que puede ir a la cárcel si no colabora con la Fiscalía para condenar a su jefe. «¿Tiene alguna información que pudiera ayudarnos a entender dónde y cómo han estado guardadas? ¿Algo que nos deje más tranquilos a la comunidad de Inteligencia?», insistió el interrogador. «Ojalá pudiera decirle algo, pero honestamente, no sé nada».
Trump sabe que la Fiscalía presionará a su ayudante personal para que testifique contra él. Por eso se deshizo ayer en halagos hacia ese «maravilloso hombre» de la isla de Guam al que «están intentando destrozarle la vida», escribió en Truth Social. Quizá por la fuerza del caso y los desacuerdos internos que debe estar causando, ayer los dos principales abogados del expresidente para esta acusación -Jim Trusty y John Rowley- dimitieron o fueron despedidos, no se sabe, apenas cuatro días antes de que tenga que comparecer el martes en un tribunal federal de Miami. Allí le esperará la jueza Aileen Cannon, que él mismo nombró poco antes de dejar la Casa Blanca y que ha tratado de protegerle, desautorizada por el Tribunal de Apelaciones, que será el último recurso de la Fiscalía para hacer justicia.
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Donald Trump será procesado en virtud de la ley de espionaje, que sanciona a quienes, sin tener potestad para ello, retienen información clasificada de seguridad nacional. El delito no requiere que el acusado haya difundido los documentos secretos o tenga intención de usarlo; basta con que sea consciente de que la información puede utilizarse en perjuicio de Estados Unidos y no la haya manejado adecuadamente de manera voluntaria. La pena máxima en caso de ser encontrado culpable es de 10 años de cárcel. Dado que se localizaron varios grupos de carpetas, la acusación podría solicitar que cada uno de ellos fuera considerado un delito individual.
La Fiscalía supone que una o varias personas lo ayudaron a transportar, almacenar o gestionar los papeles secretos en su mansión de Mar-a-Lago, lo que le podría acarrear cargos por conspiración. Han sido llamados a testificar sus asistentes, abogados y otros empleados.
Al parecer, el expresidente dijo después del registro policial en su casa que todos los archivos 'top secret' allí encontrados ya habían sido desclasificados e incluso insinuó que alguien podría haber colocado documentos sensibles solo para incriminarle. El falso testimonio, agravado con un cargo de conspiración, podría suponerle cinco años de prisión. No hace falta que las declaraciones falsas fueran suyas; también puede ser condenado si se demuestra que indujo a otros, como asesores o abogados, a realizarlas.
El expresidente pudo ordenar a sus colaboradores que ocultasen los legajos y luego les dijeran a los investigadores federales que todo el material había sido devuelto en su día al Gobierno, como establece la legislación. El castigo por este tipo de delito es especialmente grave y puede llegar a los vente años de reclusión.
Empleados cercanos al expresidente han relatado que a veces éste rompía documentos oficiales. A los Archivos Nacional, les llegaron también legajos de la Casa Blanca rotos y luego pegados de nuevo. En EE UU destruir este material es delito y se sanciona con tres años de cárcel.
Trump recibió en 2022 una citación judicial para devolver todos los informes secretos. La negativa a cumplir ese mandato de forma deliberada se considera desacato al tribunal y conlleva mil euros de multa.
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