Trump gana tiempo en su batalla legal con el Gobierno de EE UU

La sorprendente decisión de la jueza Cannon, una magistrada nombrada por Trump, ha sido considerada por numerosos expertos en Derecho como «profundamente problemática» y de dudosa ética judicial ya que ha sido tomada por un magistrado designado por el propio exmandatario. Ambas partes tienes hasta el viernes como fecha límite para presentar una lista conjunta de posibles candidatos de la que se pueda designar un «magistrado especial» cualificado que dirima en un papel de árbitro independiente sobre los documentos secretos.

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Aunque el nombramiento de un magistrado especial de arbitraje no es nuevo, y fue utilizado también en los casos de registro domiciliario y de oficinas de dos de los exabogados del expresidente, Rudy Giuliani y Michael Cohen, el caso de Trump es diferente. La categoría de información secreta de gran sensibilidad de los documentos incautados en Mar-a-Lago no deja claro cómo un magistrado especial, generalmente un abogado o juez jubilado, podrá formarse un criterio sobre un material de acceso restringido incluso a muchos funcionarios del FBI.

El ex fiscal general de Trump, William Barr, no se anduvo con rodeos y calificó la petición de un magistrado especial por parte del expresidente como una «palangana de mierda». Barr, que protegió a Trump de la investigación independiente de Robert Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016, se ha convertido últimamente en uno de los críticos más duros del exmandatario. En una aparición en el canal ultraconservador Fox News, defendió la redada del FBI y condenó al predecesor de Joe Biden por llevarse los documentos secretos del Gobierno, una acción que calificó de «abuso de poder».

A solo nueve semanas de los comicios de mitad de legislatura a primeros de noviembre, y a pesar del retraso que el nuevo caso legal pueda causar en la investigación contra el expresidente, el departamento de Justicia entra en el periodo de 60 días previos a elecciones en que debe abstenerse de acciones públicas que puedan tener algún impacto electoral.