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En los días que siguieron al asalto al Capitolio del 6 de enero de 2020, algunos expertos en Derecho Constitucional sacaron a la luz una oscura provisión de la 14 enmienda de la Carta Magna que hubiera permitido inhabilitar al entonces presidente Donald Trump para ... otros cargos públicos. La entonces portavoz del Congreso prefirió iniciar un segundo juicio de impeachment, que fracasó por la falta de apoyo republicano.
Esa fue, para muchos, la última oportunidad de apartar al magnate de la vida pública. A la desesperada, seis ciudadanos de Colorado, republicanos e independientes y respaldados por la organización Citizens for Responsability and Ethics, han decidido apoyarse en esa provisión de la enmienda constitucional para pedir a las autoridades de su Estado que prohíban a Donald Trump figurar en las papeletas de noviembre próximo. La Decimocuarta Enmienda es conocida por igualar a todos los nacidos en Estados Unidos en sus aspiraciones a cargos públicos. Pensada para la 'Era de la reconstrucción' que siguió a la Guerra Civil, tenía como objetivo eliminar las distinciones entre esclavos recién liberados por las tropas de Lincoln y hombres libres. La sección 3, menos conocida, pretendía evitar que los confederados del sur ascendieran al poder para cambiar desde dentro el sistema político de gobierno que habían perdido en la guerra. Al invocarla se descalificaba a aquellos que, tras haber jurado un cargo público, «se hayan involucrado en insurrección o rebelión contra el mismo».
La cláusula se usó poco porque en 1872 la ley de amnistía eliminó esa descalificación para la mayor parte de los confederados y sus simpatizantes, a los que el Congreso salvó de esa limitación. Algunos juristas argumentan que esa cláusula solo se puede aplicar en retrospectiva a la época anterior a la amnistía de 1872, tal como decidió en un precedente el Cuarto Circuito del Tribunal de Apelaciones. Un juez de Florida, donde otro grupo de ciudadanos interpuso uno demanda similar a la de Colorado, coincidió con estas opiniones precedentes.
Donald Trump no ha sido condenado legalmente por insurrección. Ni siquiera el fiscal especial Jack Smith ha elegido acusarle de ese cargo, para el que teme no tener pruebas suficientes, pero la realidad es que la sección 3 de la Decimocuarta Enmienda no requiere que la persona en sí haya sido formalmente acusada o condenada. Tampoco menciona la figura política del presidente, solo habla de «un miembro del Congreso, funcionario de Estados Unidos, miembro de cualquier legislatura estatal, o funcionario Ejecutivo o judicial de algún Estado».
Explorar las intenciones de los padres fundadores en una cláusula arcaica que ha sido poco escrutada legalmente por falta de precedentes será difícil. El propio Consejo editorial del 'Washington Post', donde el 11 de enero del 2020 se publicó el primer artículo de opinión que desenterró esta cláusula para aplicársela a Trump, apenas cinco días después del asalto al Capitolio, dijo después que confiar en ella para descalificarle electoralmente era «de tontos», título.
Los propios jueces del Tribunal Superior del Estado de Colorado han decidido dejarla en suspenso, pendiente de una apelación que los abogados de Trump creen que pueden ganar aplastantemente. Mientras el expresidente se dirige con paso firme hacia la revancha electoral con Biden, para muchos, este es el último clavo ardiente al que pueden agarrarse, ya que ninguno de los otros litigios en curso podría inhabilitarle para llegar a la Casa Blanca.
La decisión del Tribunal Supremo de Colorado de excluirle de las elecciones de 2024 se dio a conocer la noche del martes (madrugada de este miércoles en España). El fallo considera que no es un candidato presidencial elegible debido a su papel en el asalto al Capitolio.
Los jueces han tomado esta decisión con cuatro votos a favor y tres en contra. Su resolución quedará en suspenso hasta el 4 de enero, al estar pendiente de apelación, un día antes de la fecha límite para la certificación de las primarias en este Estado.
«Debido a que está descalificado, sería un acto ilícito según el Código Electoral que el secretario de Estado de Colorado lo incluyera como candidato en las primarias presidenciales», ha dicho el tribunal, que ha apuntado a la «prohibición insurreccional» de la Constitución federal y han concluido que esta medida se aplica a la Presidencia.
Además, los jueces han señalado que el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos ha sido una insurrección, que Trump se «involucró» en ella y que el discurso del exmandatario «incitando a la multitud» de ese día «no estaba protegido por la Primera Enmienda».
Al determinar que participó en una insurrección, el Tribunal de Colorado dijo que hay «pruebas sustanciales» de que el expresidente estaba «sentando las bases para una afirmación de que las elecciones estuvieron amañadas» antes de la contienda presidencial de noviembre. Según han indicado, el exdirigente «siguió avivando las llamas de la ira de sus seguidores, que él mismo había encendido» al hacer afirmaciones falsas sobre la integridad de las elecciones.
Esta decisión se aplica únicamente en el estado de Colorado, pero podría afectar a su campaña presidencial de 2024, en la que parte como favorito del Partido Republicano pese a las diferentes citas judiciales que tiene programadas. Es la primera vez que un tribunal determina que un presidente no puede volver a la Casa Blanca por su conducta.
Por su parte, el equipo de campaña de Trump ha aseverado que «presentará rápidamente una apelación ante el Tribunal Supremo del país y »una solicitud simultánea para suspender esta decisión profundamente antidemocrática«. »Tenemos plena confianza en que el Supremo falle rápidamente a nuestro favor y finalmente ponga fin a estas demandas antiestadounidenses«, ha declarado el portavoz de campaña, Steven Cheung.
El exmandatario ha considerado que se trata de «un día triste» para el país y ha aseverado que el fiscal especial «de mala muerte», Jack Smith, ha sido colocado «para mancillar» su «reputación con fines electorales». Anteriormente, negó haber actuado mal con respecto al 6 de enero y consideró que las demandas de la Decimocuarta Enmienda son un abuso de proceso legal.
El portavoz de la Cámara de Representantes, el reconocido trumpista Mike Johnson, ha aseverado que este fallo no es «más que un ataque partidista apenas simulado» y ha mostrado su confianza al Supremo para «que deje de lado esta decisión imprudente y permita que el pueblo estadounidense decida quién será el próximo presidente». «Independientemente de su afiliación política, a cada ciudadano registrado para votar no se le deben negar el derecho de apoyar a nuestro expresidente y al individuo que lidera todas las encuestas de las primarias republicanas», ha manifestado a través de su perfil en la red social X, anteriormente conocida como Twitter.
En el hipotético caso de que sea condenado y, por alguna razón, no pueda autoindultarse, no sería el único en llevar su candidatura entre rejas. En 1920, el socialista Eugene Debs se postuló para la Presidencia desde su celda.
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