Trump no encuentra quien le preste 426 millones para afrontar la fianza por fraude

El pliego presentado para argumentar la «práctica imposibilidad» de encontrar una entidad especializada en fianzas que quiera prestarle esa cantidad consta de 5.000 páginas. Sus abogados han dedicado mucho más tiempo y espacio a argumentar lo desproporcionada de la sentencia, la insidia con que la fiscal Letitia James ha ido a por él y las incontables jurisprudencias que permitirían al magistrado aceptar la propuesta, que a explicar los esfuerzos que ha hecho el expresidente para obtener este dinero.

A esas 5.000 páginas la fiscal ha contestado en las redes sociales con una cifra de nueve dígitos y dos decimales: $464.576.230,62. Ésa es la cantidad exacta que le requiere la sentencia, y no los 464 millones de los que suele hablar el letrado de Trump. James implica con esa sucinta respuesta pública que no piensa perdonarle ni un solo céntimo. De hecho, dice tener puesta la vista en algunas de sus propiedades que podrían ser liquidadas para asegurarse de que paga al Estado la deuda. «Miro al 40 de Wall Street todos y cada uno de los días», dijo el mes pasado en conferencia de prensa, al conocerse el fallo, en referencia al edificio de Trump en el distrito financiero de Nueva York que tiene apenas a dos manzanas de su oficina.

Los representantes del magnate han indicado al juez que una venta apresurada de cualquiera de sus propiedades para hacer frente a esta fianza resultaría en un daño irreparable y recuerdan que el delito de fraude del que ha sido condenado «no tenía ninguna víctima real». Es más, están convencidos de que su cliente ganará la apelación, por lo que en el proceso de demostrarlo se le hará un daño irreparable que será, de facto, el castigo por un crimen que al final no habrá cometido.

«Esa sentencia busca destruir un negocio de éxito que emplea a muchos trabajadores neoyorquinos y que ha contribuido aproximadamente con 300 millones de dólares en impuestos a las arcas públicas sólo durante las fechas que pone en cuestión el caso», argumentan.

No les falta razón al citar que la mayoría de las empresas financieras dedicadas a depósitos y consignaciones judiciales «nunca considerarían una de esa magnitud». Las pocas que lo hacen, con las cuales su cliente dice haber empleado «incontables horas de negociación», se las proporcionan a empresas públicas que cotizan en bolsa y son las mayores del mundo, no a individuos o negocios privados.

En el caso de que alguna de esas conversaciones prosperase, se requeriría a Trump respaldarla en efectivo con el 120% de la cantidad solicitada, o sea, 557 millones de dólares, que incluyen un costo por adelantado del 2% de intereses anuales durante dos años, equivalente a 18 millones de dólares. Para entregar ese dinero «y seguir gestionando con éxito sus negocios», Trump necesitaría mil millones de dólares, según sus abogados, algo «prácticamente imposible» que interfiere con su derecho a apelar.

James tomó el caso de oficio a raíz de las declaraciones del abogado de Trump Michael Cohen en el Congreso, que desveló las prácticas del magnate de sobrevalorar sus edificios para obtener préstamos ventajosos e infravalorarlos de cara a los seguros. El juez Engoron destacó en su sentencia la falta de remordimiento mostrada durante el juicio por el expresidente y sus hijos, que en todo momento trataron de justificar sus acciones en lugar de aceptar con humildad y arrepentimiento los errores cometidos. Trump tiene hasta el lunes para conseguir el dinero o la benevolencia del magistrado.