Trump encara desde el banquillo de los acusados una extraña campaña electoral

El calendario procesal del magnate rompe con la regla no escrita de los fiscales estadounidenses de evitar enjuiciar a un candidato desde sesenta días antes de las elecciones. Más allá de un privilegio a la clase gobernante se trata de una norma arraigada en el espíritu social del país de mantener separadas las esferas política y judicial. Sin embargo, el aluvión de investigaciones civiles y penales sobre el expresidente impiden cualquier forma de aplazamiento. Es tal la agenda del líder republicano en este terreno que fiscales, jueces y abogados están ahora mismo cuadrando agendas para que las comparecencias judiciales no se solapen unas con otras.

Ni el Ministerio Público ni la defensa de Trump han influido sobre la juez Aileen Cannon para que adelante a finales de este año o retrase a 2025 el juicio por los documentos secretos. El 20 de mayo es la fecha elegida. Cannon simplemente ha buscado un momento intermedio entre los dos solicitantes. Pero, políticamente, es una decisión de alto voltaje.

Comenzará semanas después de que el Partido Republicano celebre la mayoría de las primarias, donde Trump competirá con Mike Pence, Ron DeSantis y Nikki Haley. La proximidad de una vista en la que el expresidente encara nada menos que 37 cargos puede funcionar a su favor, si como sucede hasta ahora cada nueva citación le dispara en las encuestas; o en contra, en el caso de que los simpatizantes crean oportuno apostar por un candidato menos sujeto a un futuro judicial imprevisible.

Ese día en el que Trump se verá las caras con la jueza estará a menos de dos meses para el arranque oficial de la campaña presidencial y, sobre todo, la Convención Nacional Republicana de julio. Se trata de su primer juicio penal y nadie sabe qué sucederá si llega al cónclave bajo la amenaza posible de una condena.

Si se hace con las primarias, Trump quiere acudir a la convención con la cabeza despejada para presentar un descomunal plan de ataque electoral. Su programa presidencial consiste básicamente en que el Despacho Oval centralice todas las decisiones en la próxima legislatura, acabar con la independencia de las agencias gubernamentales y despedir a 50.000 funcionarios que considera espías de los demócratas o «pederastas», como les tildan los fanáticos consipanoicos. En una apoteosis de confianza, los trumpistas han abierto ya dos oficinas en el país para examinar los historiales de los nuevos funcionarios que tendría la Administración.

Trump también se sentará el próximo octubre en el banquillo para responder por acusaciones de fraude civil en Nueva York. El 15 de enero, una demanda por difamación de la escritora E. Jean Carroll –que ya le ganó un juicio por abuso sexual– le obligará de nuevo a ir a los tribunales, justo mientras el Estado de Iowa celebra primarias. A finales de ese mes, nueva vista en Manhattan junto con tres de sus hijos por un presunto caso de engaño financiero. Y en marzo de 2024 deberá responder de cargos derivados de los pagos a la actriz Stormy Daniels, justo después del decisivo 'Supermartes'. Y aún queda por decidir si se le encausa por el asalto al Capitolio y entorpecer los resultados electorales de 2020, lo que daría lugar a la paradoja infinita: procesar a un candidato electoral por atacar la democracia y el propio sistema electoral.