Trump se amparará en la libertad de expresión para defender sus acusaciones de fraude

Trump, aferrado de nuevo a un exacerbado victimismo, intenta llevar el caso al terreno de la libertad de expresión, blindado en la Constitución estadounidense, al que se aferran especialmente los 'patriotas' que le siguen para difundir noticias falsas y teorías de la conspiración. La estrategia es demostrar un doble rasero, el que se le aplica a él, «criminalizando» sus acusaciones de que hubo fraude electoral en 2020, cuando Joe Biden resultó vencedor, y la falta de consecuencias que tuvieron las de prominentes demócratas tras las elecciones de 2016.

La estrategia no funcionará en los tribunales, porque el fiscal especial Jack Smith -a quien el expresidente ha tachado de «trastornado»- ha dejado claro en la imputación de 45 páginas que el acusado tenía derecho a expresar su opinión públicamente «e incluso a clamar, falsamente, que el resultado hubiera estado determinado por el fraude». Sólo que a Trump no se le inculpa por decir que las elecciones estaban amañadas, sino de intentar revertir el resultado de las mismas «con métodos ilegales para descontar votos legítimos», pese a que sabía de buena tinta que Joe Biden era el ganador. «A pesar de haber perdido, estaba decidido a quedarse en el poder», establece la Fiscalía. «Las acusaciones eran falsas y el acusado lo sabía, pero las diseminó de todas formas para crear un ambiente nacional de intensa desconfianza e indignación, con la intención de erosionar la fe en la gestión electoral».

Era el principio de una conspiración en la que manipuló a los electores designados por el pueblo para engañar y defraudar al Gobierno de Estados Unidos en su función de recoger, contar y certificar los resultados de las elecciones presidenciales, dice el primer cargo contra el político republicano. Le sigue la estrategia para obstruir corruptamente e impedir los procedimientos del Congreso del 6 de enero, en los que se contaron y certificaron los resultados, y el movimiento conspiratorio más grave, en contra del derecho a votar y de que se cuenten todas las papeletas. Entre todas las imputaciones que arrastra Trump en este caso suma posibles penas que superarían los 45 años de prisión.

En ese contexto, sus palabras fueron «gasolina» para la insurrección más grave en la historia norteamericana, que costó la vida a cinco personas. Su abogado, John Lauro, dijo este miercoles a la cadena NBC que el expresidente tenía derecho razonable a confiar en sus letrados, cuatro de ellos calificados como «coconspiradores» en la imputación. «Tienes a uno de los principales académicos constitucionales de EE UU, John Eastman diciéndole al presidente Trump 'este es el protocolo que puedes seguir. Es legal'», defendió. «Eso elimina cualquier intención criminal».

En las deposiciones de los testigos presentadas al gran jurado, el fiscal ha recolectado evidencias de que los cuatro abogados, un alto funcionario del Departamento de Justicia y un asesor político sabían que el mandatario no había ganado las elecciones. Alguno de ellos incluso calificó las teorías de fraude como «disparatadas», pero Trump no está buscando ahora mismo ganar el caso en los tribunales, sino en la plaza pública que le ofrecen los medios de comunicación. Su estrategia legal será prolongar la celebración del juicio todo lo posible para que le sirva en su campaña electoral. La de la Fiscalía, a quien el expresidente acusó de «mala conducta», utilizar la cercanía de las próximas elecciones -en 2024- para agilizar el proceso frente a las otras dos causas que tiene abiertas.

Con ese objetivo, Trump comparecerá este jueves en persona ante un tribunal de Washington que decidirá las condiciones de su fianza tras leerle los cargos. Tenía la opción de hacerlo de manera virtual, pero no ha querido desaprovechar la oportunidad de un nuevo circo. Será la tercera vez en cuatro meses que comparece para ser imputado, pero la más seria de todas. También tendrá ante él a la jueza más dura que podía tocarle, muy familiarizada con la insurrección del 6 de enero, tras haber presidido 38 juicios contra sus participantes, y la única que ha dictado contra ellos sentencias más duras de lo que pedía la Fiscalía. Tanya Chutkan, de origen jamaicano, es una mujer de color que encaja en el estereotipo que más se presta a las burlas peyorativas de Trump y, además, fue nombrada por el expresidente Barack Obama.

Precisamente este miercoles 'The Washington Post' reveló que el anterior presidente demócrata confió recientemente a Biden en una cena privada su preocupación por la fuerza que tendrá Trump en la repetición de la jugada electoral el año que viene, cuando previsiblemente se enfrente de nuevo al mandatario de 80 años, mermado por la falta de entusiasmo de sus bases. Por el contrario, las del político republicano están decididas a ganarle todos los juicios en las urnas. «¡Gracias a todos, nunca antes he tenido tanto apoyo en nada!», escribió este miercoles el magnate en su red social, en la que acusó al actual mandatario y a los miembros de su partido de intentar frenar judicialmente su vuelta a la Casa Blanca.

Pese a la seriedad de los cargos, nada le impide presentarse a las elecciones. Trump podría incluso gobernar desde la cárcel, porque no se le ha acusado de insurrección propiamente, el único delito que le inhabilitaría para volver a ostentar un puesto público. No faltan quienes instan ya a las autoridades electorales de diferentes estados a rechazar su candidatura con el argumento de que la imputación en sí demuestra su participación en la insurrección, aunque el fiscal haya evitado ese cargo.