El Supremo despeja el camino a Trump y le permite presentarse a las elecciones

«Se equivocó la Corte Suprema de Colorado al ordenar la exclusión del presidente Trump de las papeletas de primarias presidenciales de 2024», que se celebran este martes, ha resuelto el tribunal al revocar la decisión. Concluía así el sueño de los anti-Trump de que su papel inspirador y conspirador en la toma del Capitolio el 6 de enero de 2021 para impedir la certificación de los resultados electorales que dieron la victoria a Joe Biden pudiera descualificarle para volver a presentarse a las elecciones.

Los juristas siempre lo consideraron una quimera, pero si bien la mayor parte de los estados en los que se presentó ese reto jurídico se pronunciaron en contra, Colorado, Maine e Illinois consideraron que la investigación del Congreso sobre los ataques dejaba clara su participación en esos hechos y por tanto lo consideraban un insurrecto, inhabilitado para un cargo público. Ni siquiera el fiscal especial Jack Smith le ha acusado de serlo, en el pliego de cargos federales contra él, pero la tercera enmienda no requiere que se le haya acusado ni juzgado por ello.

Las preguntas de los jueces durante la audiencia celebrada hace tres semanas permitían anticipar que les parecía escandaloso que un estado pudiera decidir las elecciones de todo el país, que es lo que ocurriría si los más progresistas empiezan a descalificar a Trump y, por qué no, una vez abierta la Caja de Pandora, los conservadores a Biden. Si tan claro lo tenían, ¿por qué tardó el tribunal tres semanas en anunciar su decisión, anunciada apenas horas antes de que se abran los colegios electorales en Colorado?

La respuesta la dan en una opinión parcialmente disidente las juezas progresistas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson al explicar que, si bien están de acuerdo en que Colorado no puede hacer cumplir la sección 3, protestan «el esfuerzo de la mayoría de utilizar este caso para definir los límites de la aplicación federal de esa disposición».

Las tres juezas creen que al emitir sentencia la mayoría «resuelve mucho más que el caso que nos ocupa». Los jueces conservadores quieren «impedir esfuerzos futuros para descalificar a un candidato presidencial bajo esta disposición», y lo hacen «en un caso sensible que reclama contención judicial».

En la sensibilidad de ese caso se les une en una opinión aparte la jueza conservadora Amy Coney Barrett, que parece muy consciente del «volátil» momento que vive el país frente a la elección presidencial que se avecina en noviembre. «En estas circunstancias los escritos del tribunal deben bajar la temperatura nacional, no subirla», dice la jueza conservadora, al dejar constancia de que están opinando sobre un tema «políticamente cargado», por lo que «no es momento para amplificar el desacuerdo con estridencia».

De ahí se deduce que al menos cuatro de los nueve jueces que componen el Tribunal Supremo del país están muy preocupados por el ambiente político que se vive en EE UU. Es muy posible que los otros cinco magistrados conservadores, dos de ellos elegidos por Trump, también sean conscientes del momento crítico, pero han decidido participar en él cómo activistas en favor de asegurarse de que sean los votantes los que juzguen a Trump el 5 de noviembre en las urnas.

El tribunal no se limita a contestar a la pregunta de si es correcto excluirle de las papeletas en base a la sección 3 de la Decimocuarta Enmienda, sino que establece que la única manera de descalificarle sería mediante una súper mayoría del Congreso. Con eso elimina potencialmente la posibilidad de que si Trump fuera juzgado y condenado por insurrección -de lo que no ha sido acusado- pudiera ser eliminado de la contienda, ya que en el Congreso actual sería imposible decidir eso por mayoría absoluta.

Las juezas disidentes recuerdan que la sección 5 otorga al Congreso el poder de hacer cumplir la enmienda mediante la legislación apropiada, pero no requiere «legislación remedial de ningún tipo». Cree que como todas las enmiendas de Reconstrucción «incluidas las garantías de debido proceso con la protección igualitaria y prohibición de esclavitud» se auto ejecutan y «simplemente se crea una regla especial», como se ha hecho con los requisitos presidenciales o los límites presidenciales de mandato.

Dado que las enmiendas de reconstrucción «fueron específicamente diseñadas como una expansión del poder federal y una intrusión en la soberanía estatal» en 1968 para impedir que los legisladores confederados que habían perdido la guerra pudieran cambiar el resultado desde puestos federales, «sería incongruente leer esta enmienda en particular como otorgando a los estados el poder silencioso de descalificar a un candidato para un cargo federal».

Se trata de un trascendente éxito para Donald Trump, que habitualmente extrapola sus intereses a los de toda la nación, por lo que este lunes lo consideró «una gran victoria para EE UU». El presidente y el país están, en cambio, más interesados en saber lo que decidirá en junio este mismo tribunal sobre el caso de la inmunidad presidencial y el argumento del líder republicano de que no puede ser juzgado por su interferencia electoral de los hechos que derivaron en el 6 de enero porque entonces era aún el inquilino de la Casa Blanca.

De darle la razón, no podrá ser juzgado por los cuatro cargos que ha presentado en su contra el fiscal Jack Smith. También podrá volver a gobernar con poder ilimitado para violar la ley en caso de ganar las elecciones. Según las hipótesis que presentaron las juezas del Tribunal de Apelación de Washington, incluso podría mandar un equipo de los Navy Seal a asesinar a sus oponentes políticos y no podría ser juzgado por ello, salvo que el Congreso le condenase en un proceso de 'impeachment'.