El Senado de EE UU intenta anular la autorización para invadir Irak 20 años después

En septiembre de 2002 aún había cadáveres bajo los escombros de las Torres Gemelas. El pánico se había apoderado de un país que, por primera vez desde Pearl Harbor, había sido atacado en su territorio. La posibilidad de que volviera a suceder aterraba tanto a los estadounidenses como el covid al comienzo de la pandemia. Estaban dispuestos autorizar al Gobierno a hacer lo que fuera necesario para que les protegiera. El Ejecutivo de Bush aprovechó esa baza emocional. Al día siguiente de conmemorar el primer aniversario de los atentados, el mandatario anunció que pediría al Congreso una autorización para utilizar la fuerza militar que fuera «necesaria y apropiada» para hacer cumplir las resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad con respecto a Irak.

Su apuesta era que ese órgano compuesto por 15 países, y en el que EE UU ocupa uno de los cinco asientos permanentes, respaldase su decisión de invadir Irak por no haber cumplido con las condiciones del cese al fuego que acordó tras la invasión de Kuwait y haber interferido, además, con el trabajo de los inspectores de Naciones Unidas. En los siguientes seis meses, el Gobierno de Bush se volcó en lograr la cooperación del mundo. España, que ocupaba una silla del Consejo de Seguridad en turno rotatorio, se convirtió en su gran aliado gracias a la simpatía con el entonces presidente José María Aznar. Junto al primer ministro británico de la época, Tony Blair, los tres protagonizaron la cumbre de las Azores, en la que decidieron dar por sobreentendido que las resoluciones previas eran suficientes para declarar unilateralmente a Irak en violación de sus obligaciones.

Pasarían más de dos años después de la invasión hasta que Washington admitió que no existían armas de destrucción masiva en el país. El secretario general de la ONU, Kofi Annan, expresó claramente que la guerra de Irak era «un acto ilegal en violación de la Carta Magna de las Naciones Unidas», pero la autorización del Congreso la legitimaba dentro de su territorio. Hicieron falta 17 años para que se intentase, por primera vez, repeler esa autorización que ha tenido otros usos.

En 2014, el Gobierno de Obama la citó como «una alternativa estatutaria» para justificar legalmente su campaña militar contra el Estado Islámico en Irak. El gabinete de Trump se apoyó en esa cita para defender en 2018 que el permiso de 2002 «reforzaba» su autoridad para luchar militarmente contra el ISIS «en Irak, Siria o cualquier otra parte». Dos años después llegó aún más lejos al justificar con esa autorización el asesinato del general iraní Qassem Soleimani en el aeropuerto de Bagdad. Pero los días de esta especie de cheque en blanco están contados si el portavoz de la Cámara baja, Kevin McCarthy, acepta votar asimismo su derogación una vez que el Senado la apruebe.