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Una de las últimas peticiones a las que se resistió Joe Biden fue la de cerrar Guantánamo. La infame prisión sigue teniendo 15 detenidos en el limbo, cinco de ellos acusados de ser los cerebros del ataque del 11-S hace ya 24 años. Desde ... este martes tienen compañía.
El primer avión con deportados aterrizó en esta base militar con capacidad para albergar hasta 30.000 detenidos, según las instrucciones del presidente Donald Trump, que la semana pasada firmó una orden ejecutiva conminando al Pentágono a preparar las instalaciones. «El presidente Trump no está jugando, no va a permitir que EEUU siga siendo el vertedero del mundo para criminales ilegales de todas las naciones», dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt a Fox News Business.
La mujer encargada de hacer cumplir sus órdenes se ganó la confianza con una biografía en la que presumía de haber matado un cachorro desobediente sin que le temblase el pulso. La ex gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, ahora secretaria de Seguridad Doméstica, ha prometido que a los detenidos se les respetarán sus derechos legales en Guantánamo. Pete Hegseth, el nuevo secretario de Defensa, conoce bien las instalaciones porque fue parte de un destacamento de 2.600 militares que custodió la prisión entre 2004 y 2005, cuando recibía rutinariamente presos de Afganistán que eran interrogados bajo tortura.
Hasta la semana pasada el personal de la prisión se había reducido a 800 militares y civiles subcontratados. La situación cambió rápidamente desde que el jueves el Pentágono emitiese un comunicado en el que informaba a 111 miembros de la Guardia Nacional de Nueva York que su entrenamiento en Guantánamo serviría para «asegurar el centro de operaciones de migrantes en la estación naval». Llegaron 300 marines que empezaron a alzar medio centenar de tiendas de campaña para los inmigrantes deportables junto a los barracones, en las que según 'The New York Times' se alojarán los primeros 11.000 deportados. Hegseth ha dicho que otros 6.000 podrían ser albergados en el campo de golf de la base, en la que se encuentra el único McDonald's, un pub tipo irlandés e instalaciones para las familias de los militares.
La cifra es similar al número de refugiados cubanos que llegó a alojar la prisión naval en 1994, cuando la crisis de los balseros que provocó Fidel Castro al autorizar la salida masiva del país. La situación se volvió tan insostenible que algunos pidieron la repatriación a Cuba.
En un nuevo grado de crueldad, el secretario de Estado Marco Rubio agradeció al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, su disposición de recibir en sus cárceles a los «criminales deportados» de Estados Unidos por un pago razonable, sin importar su nacionalidad. La oferta incluye, según escribió Bukele en X, a «ciudadanos estadounidenses y residentes legales».
Rubio lo calificó como un acto de «extraordinaria amistad», mientras que Bukele observó que la cuota que cobraría a Estados Unidos sería «relativamente baja», pero serviría para mantener «todo el sistema de prisiones» salvadoreño. El mandatario incluso visualiza ya las instalaciones en las que encarcelaría a los «criminales deportados de Estados Unidos», el Centro de Confinamiento Terrorista (CECOT) con capacidad para 40.000 personas. Diversos grupos de derechos humanos han documentado condiciones de hacinamiento y torturas en las cárceles salvadoreñas desde que su Gobierno lanzase en 2022 la guerra contra las pandillas.
El estado de excepción le ha permitido encarcelar a 83.000 personas acusadas de pertenecer a bandas criminales, la mayoría sin orden de detención ni garantías judiciales. Eso convierte a El Salvador en el país con la mayor tasa de encarcelamiento del mundo, con un 1% de la población, según World Prison Brief, y a mucha distancia del siguiente en la lista, Cuba. Paradójicamente, la limpieza expedita de las calles ha dado al mandatario salvadoreño gran popularidad en su país y relieve internacional, convirtiéndose, junto al presidente argentino, Javier Milei, en el mejor socio del gobierno de Trump, por quien dice «no ocultar su simpatía».
El CECOT, considerada la prisión más grande de América Latina, fue inaugurado hace dos años en las afueras de Tecoluca, a 75 kilómetros al sureste de San Salvador. Según el propio Bukele, entre sus enormes muros podría albergar hasta 40.000 reclusos. Actualmente cumplen condena más de 20.000 pandilleros de la Mara Salvatrucha 13 y Barrio 18, las dos bandas más poderosas del país.
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