EE UU se precipita al cierre del Gobierno por el boicot de los extremistas republicanos en el Congreso

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional (NSC) John Kirby acusó el viernes a los extremistas de «mantener rehén al Gobierno federal» abocado a una suspensión inminente de pagos que dejaría a 1,3 millones de militares en servicio activo sin sueldo, así como a cientos de miles de empleados civiles del Pentágono. Kirby enfatizó el significativo golpe en la moral de las tropas estadounidenses que tendrá la situación de cierre como consecuencia de la incapacidad de los republicanos para aprobar a tiempo las cuentas.

La suspensión de pagos tendrá asimismo un impacto en la ayuda militar a Ucrania en un momento crucial de la contraofensiva contra la invasión rusa, así como en el reabastecimiento del suministro militar doméstico. También quedará suspendido el presupuesto para restablecer la casi agotada reserva de la agencia federal de desastres IFEMA cuando las aberraciones climáticas del calentamiento global arrasan el país en todas direcciones, dejando tras de sí niveles catastróficos de devastación humana y económica con creciente frecuencia e impredictibilidad.

Una amplia gama de programas de ayuda federal quedarán suspendidas, desde la sanidad, educación pública, subsidios de cupones de alimentos hasta el procesamiento de declaraciones de impuestos, así como los salarios de miles de funcionarios federales en todo EE UU, con consecuencias en sus familias y en la economía en general.

La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, trataba de aprobar este viernes una medida de gasto a corto plazo con fuertes recortes que proporcionaría financiación durante 30 días, y evitaría el abrupto cierre federal y ganaría tiempo para resolver el impasse. Por su parte, el Senado liderado por los demócratas trabaja paralelamente en otro proyecto de ley de gasto temporal sin recortes pero que incluiría fondos para la protección de la frontera sur.

De no producirse un acuerdo de reconciliación entre las dos cámaras el sábado, el cierre del Gobierno sería inevitable. La suspensión de pagos sería la primera desde 2019, bajo la administración Trump.

En la Cámara, el motín de un pequeño grupo de extremistas republicanos más interesado en su asalto al poder que en la responsabilidad de gobierno, mantiene prisionera a la precaria mayoría conservadora, que, a falta de unos pocos votos, se rinde incapaz de aprobar incluso un presupuesto al gusto de los ultraconservadores.

El jueves por la noche el grupo extremista rodeaba en la Cámara al presidente de su propio partido, Kevin McCarthy, en un intento para derrocarlo a instancias de Donald Trump, y forzar el quiebre de la financiación del Ejecutivo federal para impedir los procedimientos judiciales de los que es objeto.

McCarthy, que en los últimos días ha denunciado la insurrección de los extremistas de su grupo como un intento de «derribo de la Casa (de Representantes)» después de rendirse a todas las demandas del grupo, llegó a pedir públicamente la intercesión del presidente Biden para salir del cerco de crisis en el que se encuentra la Cámara, y por extensión todo el Congreso.

El líder republicano, que podría salir de la crisis con el voto de los demócratas, continúa empecinado en sacrificar la gobernabilidad del Estado en favor de salvar la cara pública de radicalidad de su partido en defensa de los problemas legales del expresidente. Así, McCarthy ha prometido que no aceptará la legislación del Senado para mantener el Gobierno federal en funcionamiento pleno hasta noviembre, a pesar de hallarse en un callejón político sin salida en el que su propio cargo se encuentra en el menú de la insurrección de los extremistas.

Y como si la crisis que paraliza el Congreso no fuera con ellos, los republicanos de la Cámara de Representantes celebraron el jueves la primera sesión de la farsa de investigación de juicio político ('impeachment') contra el presidente Joe Biden, que terminó sin la presentación de una sola prueba que vinculara al jefe de la Casa Blanca con algún delito.

Hasta los propios republicanos admitían la falta de pruebas a pesar de la afirmación del presidente del panel, el republicano James Comer de haber reunido «una montaña de evidencia» que demostraría el supuesto «abuso de su cargo para beneficio financiero de su familia», a pesar de que Joe Biden ni siquiera ocupaba un puesto de responsabilidad pública en el momento en el que se le acusa.

La sesión se centró en una serie de teorías de conspiración desmontadas hace tiempo sobre Biden y su hijo Hunter Biden, abogado y durante un tiempo miembro de la junta directiva de una compañía energética ucraniana, Burisma, bulos diseminados por primera vez en 2018 y 2019. por el exalcalde de la ciudad de Nueva York caído en desgracia, Rudolph Giuliani. Estas acusaciones sirvieron como base al intento de Trump de extorsionar al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, durante una llamada telefónica en julio de 2019, incidente que provocó el primero de los dos juicios de 'impeachment' de Trump en el Congreso.

A Hunter Biden, que durante mucho tiempo ha sufrido de alcoholismo y adicción a las drogas, se le acusa también de recibir un trato preferencial por parte del Departamento de Justicia, a pesar de haber sido imputado con serios cargos federales por ello. Los aliados del expresidente, que han pedido repetidamente que se 'eliminen' del registro los dos juicios políticos a los que fue sometido Trump, sostienen sin pruebas que Biden y su hijo aceptaron sobornos de ucranianos y otros ciudadanos extranjeros. También se le acusa de llevar una actividad comercial ilícita fuera de EE UU para beneficiar a su padre a cambio de supuestos favores oficiales.