El fiscal especial resucita los casos penales contra Trump

La magistrada nombrada por Trump en 2020, a sugerencia del senador Marco Rubio, sorprendió a los juristas al desestimar el caso el mes pasado con el argumento de que el fiscal general del Estado no tenía atribuciones legales para nombrar a Smith como fiscal especial. Tras considerar su cargo ilegal por no haber sido ratificado en el Senado, lo declaraba incapacitado para imputarle y desestimaba basándose en un tecnicismo que contradice 25 años de jurisprudencia, incluyendo la del Supremo.

Desde 1920 la política judicial de Estados Unidos ha sido delegar en fiscales independientes los casos políticamente sensibles, cuyo nombramiento se trasladó al Congreso tras el Watergate de Nixon, y al expirar esa ley en 1999 volvió a los ministerios y agencias de gobierno. El fiscal general Merrick Garland actuaba en esa tradición cuando en noviembre de 2022 trasladó el caso contra Trump a Smith. El expresidente acaba de anunciar su intención de presentarse a las elecciones, lo que dotaba al caso de un delicado contenido político.

Por lo mismo, el fiscal especial recurrió a un gran jurado para validar sus acusaciones y las presentó en Miami en lugar de Washington, ateniéndose a que el delito de llevarse de la Casa Blanca 15 cajas con documentos de gobierno, entre ellos cerca de 200 clasificados, se produjo en su mansión de Palm Beach. Trump se resistió a devolverlas e instruyó a sus empleados a mentir al FBI, hasta que este llevó a cabo una redada en la mansión.

La ruleta de la justicia puso al frente a la jueza de origen cubanoamericano nacida en Colombia nombrada por él. Prueba de cuánto complacía al magnate esa selección es que, en lugar de criticarla, la ha calificado de «muy inteligente y «altamente competente».

Cannon dictó a su favor en todos sus intentos de demorar el caso, algunos rebatidos por el mismo Tribunal de Apelaciones al que ahora recurre Smith. Incluso si este fallase a su favor, se presume que el expresidente apelará al Supremo, por lo que de ganar las elecciones podría ordenar a su nuevo fiscal general que retirase la apelación. Del mismo modo la victoria podría librarle del caso federal reactivado ayer por el que se le acusa de conspiración para defraudar al Gobierno estadounidense, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción o intento de obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración para violar derechos civiles. 

El Departamento de Justicia ha considerado que lo que hay en juego es mucho más que la imputación de Trump. De darse por válida la opinión de la jueza quedarían en el aire más de un centenar de nombramientos, no solo en el Departamento de Justicia, sino en otros ministerios, alega Smith.

Como parte de la Federal Society, que lleva dos décadas trabajando para imprimir un corte conservador en los tribunales de Estados Unidos, Cannon se ha hecho eco de una doctrina que intenta romper con la jurisprudencia anterior, como ocurriese con la decisión del Supremo sobre el aborto. Su sentencia puede convertirse en precedente si el 11 Circuito de Apelaciones la da por válida o llega hasta el Supremo.