Maine se suma a Colorado para intentar frenar el regreso de Trump a la Casa Blanca

Trump se enfrenta a varios procesos. Por diferentes causas. Desde el ámbito privado al público. Abusos sexuales, difamaciones, alteraciones de documentos públicos para lograr créditos y hasta robo de documentos 'top secret' son las acusaciones a las que tendrá que enfrentarse a los tribunales. La lentitud de la Justicia hará, seguramente que no influyan en el proceso electoral. Pero, no obstante, pueden ser los magistrados quienes corten la carrera de regreso de Trump hasta el 1600 de la Avenida Pensilvania de Washington.

Su 'participación ideológica', como inspirador y alentador, en la toma del Capitolio del 6 de enero de 2021 puede salirle cara si el Supremo considera que su actuación fue ilegal, como ya han hecho algunos tribunales federales. En la madrugada de este viernes –hora española– la secretaria de Estado de Maine, Shenna Bellows, se unió al Supremo de Colorado para inhabilitar a Trump para ser votado en sus estados. Por contra, los jueces de Minnesota y Míchigan se negaron días antes a excluirle de las primarias republicanas.

Colorado y Maine cimentaron su fallo en una disposición de la Sección 3 de la 14ª Enmienda de la Constitución que prohíbe ocupar cargos públicos a los funcionarios que hayan participado en «insurrección o rebelión» después de haber prestado previamente un juramento en apoyo de Estados Unidos. Este artículo fue promulgado en 1868 después de la Guerra de Secesión para impedir que exmiembros de la Confederación proesclavista sirvieran en la Administración.

Basados en esa norma, grupos de defensa de la democracia y algunos votantes antiTrump han presentado impugnaciones legales a la campaña presidencial del exdirigente republicano en varios estados, argumentando que el magnate participó en una insurrección cuando instó a sus partidarios a marchar hacia Washington e impedir que el Congreso certificara la victoria del demócrata Joe Biden en los comicios de noviembre de 2020. Ello, según quienes mantienen esa teoría, desembocó en que una turba irrumpió en el Capitolio.

Trump se apresuró a condenar una decisión de Maine, que, según él, había sido tomada por una «izquierdista radical» y «ardiente partidaria» de Biden. «Estamos presenciando en directo un intento de robo de una elección y la privación del derecho al voto del elector», denunció el republicano a través de su equipo de campaña.

De cualquier manera las decisiones de los estados –aún quedan doce que no han tomado una determinación sobre las impugnaciones– desembocarán inevitablemente en la Corte Suprema de Estados Unidos. Sus nueve miembros tendrán la última palabra.

Ante ellos los abogados del ultraderechista defenderán que todos estos intentos de inhabilitación son antidemocráticos y se enmarcan en una conspiración de sus rivales políticos para mantenerlo fuera de la disputa por la Casa Blanca. Sus argumentos se basarán en la creencia de que sólo el Congreso puede hacer cumplir la Sección 3 y que los presidentes no están sujetos a descalificación. El equipo legal del expresidente también cuestiona que haya participado en una insurrección, argumentando que el 6 de enero ejercía su derecho a la libertad de expresión amparado por la Primera Enmienda.

No está claro cómo fallaría el Supremo nacional, pero se encuentra dominado por una mayoría conservadora que incluye a tres miembros designados por el propio Trump. Es posible que la corte ni siquiera se moje en decidir si participó en una insurrección y se limite a dictaminar que la Sección 3 de la Constitución no se aplica a los presidentes o que los tribunales no pueden hacerla cumplir. Todos son conscientes que un fallo que descalifique al máximo líder demócrata para la presidencia sería un paso trascendental con implicaciones políticas sísmicas.