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Si las guerras culturales son el centro de las batallas políticas de nuestro tiempo, las personas transexuales están en primera línea de fuego. Cinco leyes que atentan contra los derechos de este colectivo han sido aprobadas en lo que va de año y la Unión ... de Libertades Civiles Americanas (ACLU) monitorea el avance de cerca de 300 a lo largo y ancho del mapa estadounidense, allí donde el partido conservador tenga mayoría legislativa.
La última ley en aprobarse, el martes, ha sido en Mississippi, donde el gobernador republicano Tate Reeves firmó un texto que criminaliza a los que proporcionen asistencia médica a los menores que inicien una transición de género. De paso, exime a las compañías de seguros de la obligación de proporcionar esos servicios. Además, vetará la transferencia de fondos públicos a las clínicas o las entidades que lo tengan en su oferta, tal y como hicieron en su momento los gobiernos conservadores de Estados Unidos con las instituciones que faciliten el aborto entre sus planes de planificación familiar.
La batalla anti 'trans' no ha hecho más que comenzar, pero avanza implacable a la velocidad de la pólvora, porque se trata de una minoría más minoritaria que la de las mujeres y, por tanto, más ajena a la mayor parte de la población. En solo un mes se han aprobado leyes similares en Utah y Dakota del Sur, con Oklahoma lista para la siguiente. Este estado suele subir el listón y la norma aprobada en la Cámara Baja de su Asamblea Legislativa elevará para este tema el concepto de «menores» hasta los 26 años, que será la edad mínima para apoyar médicamente a quienes busquen un cambio de género.
Otro estado que avanza en esta dirección es Indiana, donde el Comité de Salud del Senado aprobó abrumadoramente avanzar en una iniciativa parecida al pleno de la Cámara, con el argumento de que los legisladores tienen «la obligación médica, moral y legal de proteger a los niños», dijo el autor de la propuesta, el senador Tyler Johnson.
Arkansas, por su parte, ha revivido la polémica sobre el uso de baños públicos iniciada en Carolina del Sur en 2015 que tantos réditos electorales dio al Partido Republicano antes de que la derribara el Supremo en 2020. Según la iniciativa de ley, que el lunes avanzó al pleno del Senado en su Asamblea Legislativa, quienes utilicen un baño público o vestuario distinto a su género en presencia de menores podrán ser condenados a 30 días de prisión y una multa de 500 dólares. El género, por supuesto, se legisla como aquel asignado en el momento del nacimiento «de acuerdo a los cromosomas».
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