En la sala 1530 del Tribunal Supremo de Nueva York donde se juzga a Donald Trump por 34 cargos de fraude contable, nadie quiere meterlo en la cárcel, al menos hasta que acabe el juicio. ¿Cómo disciplinarlo por tanto para que deje de amedrentar a ... los testigos, al juez y a la Fiscalía con sus comentarios en la cámara y en las redes sociales?
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«Señoría, no estamos buscando todavía una pena de encarcelación. Eso es lo que el acusado parece estar queriendo provocar … Lo que nosotros pedimos es que se le imponga la máxima pena de 1.000 dólares por cada violación» del silencio, explicó ayer el fiscal, Christopher Conroy, en la vista para dirimir si el expresidente se ha saltado la orden mordaza que se le impuso.
A nadie se le escapa que Trump hace caja con cada problema legal en que se mete. En sus correos de recaudación de fondos con los que bombardea a sus seguidores lleva dos días atemorizándolos con que lo van a meter en la cárcel. «El cielo podría abrirse en 24 horas, va a comenzar la audiencia sobre mi orden mordaza. ¡Podrían meterme en la cárcel en cualquier momento!», dijo en el último mensaje.
Así es como el expresidente se burla de la ley, a la que provoca para sacar rendimiento político y económico. Eso explica por qué el juez Juan Merchán carecía de paciencia para escuchar a su abogado, Todd Blanche, defender lo indefendible. «¡Está usted perdiendo toda la credibilidad con este tribunal!», le espetó. Trump no parecía interesado, solo cansado. Escuchaba el intercambio a ratos con los ojos cerrados y pasaba sugerencias a sus abogados.
La Fiscalía sostiene que ha violado en al menos diez ocasiones la orden mordaza que le impide comentar públicamente este proceso, ocho de ellas en su red 'truth social'. Su abogado defiende que no son infracciones porque eran simplemente «republicaciones que no implican que las asuma».
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Una vez más Trump pone a prueba el sistema en un terreno que obligará a los expertos a cuestionarse el orden establecido. «¿Tiene usted algun precedente legal para defenderlo?», preguntó el juez al letrado. «No, señoría, es sentido común».
En ausencia del jurado, el abogado de Trump actuaba en favor de su cliente, que a estas alturas no tendrá problemas para pagar unos miles de dólares más, cuando su lengua suelta le ha costado ya casi cien millones por difamar a una víctima de violencia sexual, Jean Carroll. El abogado de Trump sostiene que su cliente tiene derecho a defenderse de los ataques políticos, aunque algunos de los comentarios que han propiciado la petición de la Fiscalía para que rinda cuentas iban dirigidos contra este mismo tribunal, como su queja de que «hay dos sistemas de Justicia». Eso desesperó al juez: «¿Cómo que hay dos sistemas judiciales?».
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Merchán no tomó ninguna decisión durante esta jornada del juicio. Se reserva el derecho a reflexionar sobre la pena a imponer, que podría ir desde una simple amonestación hasta la cárcel. Encerrar a un expresidente supone un reto logístico que nunca se ha probado en Estados Unidos y no parece probable que se decante por ello, todavía. Falta por ver cuánto se aprovechará Trump de una posibilidad que encendería más a sus seguidores.
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