Investigan el uso de armas prohibidas en las protestas raciales de EE UU

Según el testimonio ante el Congreso del mayor de la Guardia Nacional de Washington DC, Adam D. DeMarco, funcionarios de Defensa consideraron el uso de tecnología de control de multitudes considerada demasiado impredecible para usar en escenarios de guerra y transfirieron grandes cantidades de munición a la armería de la capital.

Sus palabras ante la comisión investigadora del Congreso han sido confirmadas por un correo electrónico del 1 de junio pasado, en el que el jefe de la Policía Militar de la región de Washington inquirió a la unidad de la Guardia Nacional de D.C. si disponían de un dispositivo acústico de largo alcance, llamado LRAD, o un arma similar a un microondas, la Active Denial System. Esta última fue diseñada por los militares para hacer que las personas sientan que su piel arde cuando se encuentra dentro del alcance de los rayos invisibles.

El Congreso investiga, asimismo, el uso de la fuerza por parte de las fuerzas militares y de orden público en los enfrentamientos contra las manifestaciones que desataron el caos en la ciudad la noche del 1 de junio, con el fin de que Trump alcanzara la Iglesia Episcopal de St. John. Una vez allí, se fotografió e hizo declaraciones calificando a las protestas como simple vandalismo.

Mientras agentes y soldados frenaban violentamente a los manifestantes ante millones de espectadores de televisión y las redes, el presidente, con la Biblia en las manos y acompañado de las cúpulas del departamento de Justicia y el Pentágono, prometía más mano dura. El general Mark Milley, jefe de la Junta de Estado Mayor, se disculpó más tarde por participar en el acto.

Las nuevas revelaciones muestran que la presencia de Trump en la iglesia de St. John fue coreografiada con precisión para hacer una demostración de fuerza y poder balístico. También para enviar un mensaje sobre su determinación a criminalizar y reprimir las protestas con toda la fuerza que se estimara apropiado.

A lo largo del verano Trump ha enviado tropas federales en respuesta a las protestas registradas en muchas ciudades del país, pero solo han empeorado la situación provocando múltiples enfrentamientos violentos entre manifestantes y federales. La actuación cuasi paramilitar y en casos extrajudicial de los agentes de cuerpos policiales sin identificación y con equipo militar ha contribuido, además, a crear una alarma general entre la población sobre una situación nunca vista en las calles del país.

El fiscal general, William Barr, que ha convertido el departamento de Justicia en un arma judicial a disposición del presidente, redobló su línea de mano dura durante una teleconferencia la semana pasada con los fiscales federales de los Estados. Les instó a explorar cargos más agresivos contra los detenidos en las protestas y a usar incluso el raro cargo de sedición, lo que podría suponer un intento judicial peregrino enfrentado a la Primera Enmienda que protege el derecho de protesta contra el Gobierno.

Barr animó también a presentar cargos federales contra los arrestados en las manifestaciones, incluso en situaciones en que ya se aplicaran otros estatales. Asimismo, exhortó a procesar a la alcaldesa de Seattle, la demócrata Jenny Durkan, por permitir el establecimiento de una zona autónoma en la ciudad libre de policías.

Más de 200 personas arrestadas en las protestas han sido imputadas hasta ahora con cargos federales que incluyen incendio premeditado, agresión a agentes y delitos con armas de fuego. A su vez, decenas de otros detenidos están imputados por participar en las protestas de Portland, Oregón, donde los manifestantes se enfrentaron a violenta represión.