A qué se enfrentan los detenidos en el Capitolio

A medianoche de ayer, el fiscal general en funciones de Estados Unidos, Jeffrey Rosen, difundió un comunicado en el que condenó los disturbios en el Congreso en plena sesión de certificación de los resultados de las elecciones presidenciales de noviembre, que tuvo que ser suspendida. «La violencia contra el edificio del Capitolio Nacional es un ataque intolerable contra una institución fundamental de nuestra democracia», afirmó.

Rosen, que es el principal responsable del Departamento de Justicia federal, explicó que está colaborando y «coordinando estrechamente» la respuesta a estos incidentes con la Policía del Capitolio y las autoridades federales competentes del Departamento de Interior, la Policía de Washington y la Guardia Nacional. El fiscal general interino terminó señalando que la situación «es inaceptable y tenemos la intención de hacer valer las leyes de nuestro país».

Hasta ahora se han registrado unos 50 detenidos, pese a que en el interior del Capitolio accedieron varios cientos de personas. La Fiscalía General dirigirá la investigación y dirimirá los delitos a los que se enfrentan los arrestados. Pero, ¿qué dicen las leyes federales de Estados Unidos para estos supuestos, más allá de los desórdenes públicos y el atentado a agentes de la autoridad?

El Título 18, Sección 2.384, del US Code, tipifica la conspiración para la sedición en tres supuestos: el intento de derrocar al Gobierno, de prevenir la ejecución de sus leyes o de apropiarse u ocupar la propiedad gubernamental. En los tres casos tiene que mediar el uso de la violencia e implicar la participación de un mínimo de dos personas. Y para obtener una condena, punible con un máximo de 20 años de cárcel, la acusación debe demostrar que los acusados conspiraron de forma previa para utilizar la fuerza. Es decir, que el ataque estaba planeado y organizado. No basta defender esta acusación sin más, ya que la Primera Enmienda ampara generalmente la libertad de expresión en este tipo de actuaciones.

Las condenas más sonadas por conspiración sediciosa han recaído sobre el independentismo puertorriqueño y algunos ataques terroristas. La primera fue en 1937 contra Pedro Albizu Campos; una de las últimas, en 1981, contra Óscar López Rivera, sospechoso de liderar las FALN, una organización paramilitar a la que se achacan más de 130 atentados.

El pasado septiembre, el anterior fiscal general, William Barr, propuso que se aplicase el delito de sedición contra los responsables de la violencia en las manifestaciones contra el racismo, el llamado Black Lives Matter, que sacudieron casi todo el país.