Encuentran escondido en un armario al hombre que mató a sus vecinos en Texas

Acababa así, bajo fianza de un millón de dólares, la frenética persecución de 250 agentes para dar caza al mexicano de 38 años, cuatro veces deportado, que mató a cinco hondureños en un arrebato de ira. Eran tres mujeres, un niño de 9 años y un joven de 18. El gobernador de Texas, Greg Abbott, prefirió referirse a ellos como «cinco inmigrantes ilegales», lo que trajo una ráfaga de críticas en las redes sociales, donde también se demostró que se equivocaba. Al menos una de las víctimas, Diana Velázquez Alvarado, residía legalmente en EE UU, donde trabajaba como activista comunitaria y defensora de los derechos de los migrantes. Su marido proporcionó copia de su tarjeta de residente para que otros pudieran responder al político.

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T. Díaz

Al sheriff del condado de San Jacinto, Greg Capers, le resultaba indiferente. «No me importa si eran legales o ilegales. Estaban en mi condado y ahí es donde está mi corazón, en proteger lo mejor posible a la gente de mi condado». Capers también les había fallado. La familia había llamado tres veces a la Policía antes de que el vecino la emprendiera a tiros -el sheriff alega que sólo tiene tres hombres para un territorio de más de mil kilómetros cuadrados-.

Cuando Wilson García vio llegar a su vecino empuñando un rifle semiautomático le dijo a su esposa que se metiera dentro. «No, métete tú», respondió ella, «no va a disparar contra una mujer». Fue la primera víctima. Su amiga, Sonia Argentina Guzmán, le dio la noticia y le empujó a saltar por la ventana. «Tus hijos ya han perdido a su madre, alguien tiene que sobrevivir para cuidarles». Acto seguido ella recibió otro disparo mortal, al igual que su hijo Daniel, de 9 años. Sus amigas Diana Velázquez Alvarado, de 21, y Julisa Molina Rivera, de 31, murieron mientras protegían al bebé de un mes y la niña de 5 años de la pareja, a los que escondieron debajo de los cojines, al igual que el joven de 18, José Jonathan Cásarez. Otros tres niños que presenciaron la escena resultaron heridos.

La Policía utilizó la señal del móvil para rastrear a Oropeza, pero horas después la pista desapareció. Fue la llamada de un ciudadano, animado por la recompensa de 80.000 dólares que se ofrecía, la que permitió encontrarle en una casa a sólo 18 kilómetros de distancia. Su pareja, Divamara Lamar Nava, y dos amigos han sido detenidos por ayudarle en la fuga.