Caroline Conejero
Nueva York
Martes, 15 de octubre 2024, 20:11
A menos de dos semanas de la cita electoral del 5 de noviembre, casi un centenar de demandas sobre disputas electorales están en marcha en los siete Estados bisagra que decidirán los comicios. En una reñida contienda en la que cada voto cuenta, los votantes, ... los grupos de defensa y los dos principales partidos políticos pelean en los tribunales todo desde la localización de los centros de votación hasta los procedimientos de registro de votantes.
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El sitio web Democracy Docket, fundado por el abogado demócrata Marc Elias para rastrear los casos electorales, ha registrado unas 95 demandas en curso en los Estados de Arizona, Georgia, Michigan, Carolina del Norte, Nevada, Pensilvania y Wisconsin, además de otros muchos retos legales en distritos electorales de otros Estados.
Las razones varían según el partido. Lo que los republicanos llaman integridad electoral, los críticos califican de supresión de electores.
Lo que los demócratas y sus aliados llaman facilitar la emisión del voto, los republicanos, señalan, abre la puerta al fraude electoral.
Los republicanos, que han aprendido de su derrota de su intento de revertir los resultados electorales de 2020, han lanzado este año una agresiva campaña legal que sienta las bases para desafiar las posibles derrotas este año en las urnas.
Así, el Comité Nacional Republicano está envuelto en más de 120 demandas en 26 Estados, en una estrategia que algunos expertos legales y grupos de derechos electorales han denunciado como un intento de socavar la confianza en el sistema.
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En Arizona, por ejemplo, el grupo de defensa America First Legal Foundation, fundado por el asesor de Trump, Stephen Miller, ha interpuesto demandas en dos condados clave de Arizona, donde la candidata demócrata Kamala Harris aventaja a Trump en las encuestas por un margen muy estrecho, basadas en una audaz teoría legal.
Según las demandas, los jueces tendrían autoridad para anular los resultados electorales por «fallas o irregularidades» de los funcionarios locales, y ordenar nuevas rondas de votación. La teoría legal transfiere así la validez del voto a la jurisdicción judicial que debe dirimir sobre el terreno subjetivo del comportamiento de un funcionario electoral para determinar si es lo suficientemente 'dudoso' como para anular votos.
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Aunque es una posibilidad remota, el caso de Arizona ejemplifica el patrón del empeño de los republicanos en sembrar dudas sobre la legitimidad de las elecciones antes de que ocurran y en preparar el terreno con material 'legal' para poder impugnar los resultados después.
La estrategia para invalidar votos en distritos electorales es importante porque en un sistema electoral de mayoría relativa como el estadounidense, en el que el candidato con mayor número de votos gana el distrito, un puñado de votos locales pueden decidir la victoria nacional de un candidato.
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En 2016 por ejemplo, los demócratas perdieron el Estado de Michigan por solo 11.000 votos, un promedio de solo 2 votos por distrito electoral. Los republicanos, que cuentan con el favor de los tribunales para litigar los resultados electorales, albergan el cálculo de que acumular suficiente peso de impugnación legal sobre los resultados electorales podría elevar su caso a la Corte Suprema de mayoría ultraconservadora, que podría otorgar una victoria electoral a Trump.
No sería la primera vez. El 12 de diciembre de 2000 la Corte Suprema emitió la sentencia histórica que resolvió la disputa en las elecciones presidenciales del recuento de votos en Florida, otorgando la victoria electoral a George Bush frente a Al Gore.
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