Las condiciones de los niños en la frontera provoca una crisis de gobierno en EE UU

Poco después, 250 niños que se encontraban hacinados en el centro de detención migratorio de Clint (Texas) fueron trasladados a otros albergues y campamentos provisionales de la Oficina de reasentamiento de Refugiados que dependen del ministerio de Salud y Servicios Humanos, ya que las condiciones eran «inadmisibles», dijo el mismo funcionario. Y con todo, en cuestión de horas, algunas fuentes indicaron que un centenar de niños habían sido devueltos al insalubre redil, añadiendo confusión a la repentina dimisión del comisionado en funciones de la Oficina de Aduanas y protección fronteriza, que la anunció con un mensaje críptico. «Cada hombre juzgará su éxito por su propia métrica», lapidó John Sanders.

La opinión pública le juzgaba por la situación que habían descrito los médicos y abogados que visitaron las instalaciones la semana pasada gracias a una decisión judicial. Algunos niños dijeron que no se habían dado una ducha en las tres semanas que llevaban allí. Todavía llevaban puesta la ropa con la que cruzaron la frontera. Las enfermedades y las epidemias se propagaban ayudadas por la falta de jabón y un aire acondicionado atroz que, en palabras de algunos abogados, equivale a tortura. Las luces encendidas de día y de noche para no dejarlos dormir, niñas de 8 años cuidando de bebés sin pañales, adolescentes convertidos en capataces para mantener el orden a cambio de comida. Guantánamo estaba mejor gobernado.

No hay duda de que las patrullas fronterizas no querían esa patata caliente en instalaciones donde, legalmente, los menores no deben pasar más de 72 horas. Las nuevas medidas administrativas del gobierno de Trump, que según algunos abogados consultados por El Correo complican y ralentizan a propósito el proceso a los familiares para reclamarlos, han provocado un embudo que deja a los menores atrapados indefinidamente en el purgatorio de la frontera.

Desde que médicos y abogados se saltaran las normas para describir la situación de horror a la prensa, el gobierno dice haber dado marcha atrás en la obligación de pedir a los familiares huellas dactilares, certificados de nacimiento y hasta pruebas de ADN para entregarles la custodia. De la flexibilidad que presente la administración con respecto a personas que, a menudo, dudan en presentarse por miedo a ser deportados ellos mismos o sufrir represalias, depende que se agilice la tramitación de tantos menores hacinados en precarias instalaciones.

Trump culpa a los demócratas de no aprobar la partida económica «de emergencia» por 4.6 millones de dólares que ha solicitado «con fines humanitarios» para ocuparse de los niños, pero los congresistas temen que la utilice para financiar las redadas masivas con las que aterroriza a los inmigrantes o incluso para financiar el muro. «No aprobaré ni un céntimo más para permitir que continúen sus tácticas manipuladoras», bramó Alexandria Ocasio-Cortes, la legisladora más joven y más popular del Congreso gracias a su tirón en las redes sociales. Allí la organización Indivisible ha empezado una campaña con la etiqueta #NotOneDollar para la máquina de deportaciones de Trump.

La portavoz del Congreso Nancy Pelosi intenta convencer a los miembros de su partido de que tienen «una sagrada responsabilidad moral» de proteger a las familias más vulnerables, tras negociar con Trump el viernes una tregua a las redadas. Entre las medidas de control que se debaten destacan prohibir a la Oficina de Refugiados que comparta la información de quienes reclaman a los niños, permitir a los congresistas visitar las instalaciones de acogida sin previo aviso y obligar a reportar la muerte de un menor en 24 horas. Trump las considera inaceptables y amenaza con vetar esa ley si se aprueba por considerar que las cortapisas le impedirían al gobierno hacer su trabajo. «Otra vez ha hecho lo mismo», bufó Pramila Jayapal. «Crea la crisis y luego nos culpa a nosotros».