El cerco a Trump crece un año después del asalto al Capitolio

El infierno personal que atravesó el congresista en esas horas es casi inimaginable. Como el terror de su compañero de bancada Rubén Gallego, que se dispuso a hacer frente a la turba de asaltantes armado con un simple bolígrafo en un desesperado afán de supervivencia. O el de Alexandria Ocasio-Cortez, la prometedora joven política del partido. «Pensé que iba a morir. No sabía si llegaría viva al final del día», relató en Instagram, consciente de que su popularidad la convertía en un objetivo claro de los ultraderechistas que destrozaban el Capitolio a unos metros de los sótanos donde encontró refugio.

«Podía sentir que me ahogaba y pensé: 'Así es como voy a morir, defendiendo esta entrada'», narró también el sargento Aquilino Gonell, miembro de la Policía del Congreso, en uno de los testimonios más emocionales escuchados por la comisión parlamentaria que investiga los disturbios. Los asaltantes se le echaron encima, le golpearon y rociaron con espráis químicos hasta que su piel ardió mientras él veía a algunos de sus agresores con camisetas en apoyo de la 'línea azul' (la Policía).

Un año después del motín que costó la vida de cinco personas, el FBI y el resto de fuerzas de seguridad estatales han detenido a 725 sospechosos, según el 'Washington Post', de los cuales apenas 180 han admitido su culpabilidad. Entre ellos figura el 'chamán' de QAnon, que se hizo conocido por su disfraz con cuernos de bisonte y que purga 41 meses de cárcel por obstruir la certificación ese día de Joe Biden como presidente, objetivo último de los cientos de manofestantes que el pasado 6 de enero allanaron la Cámara de Representantes. El 'chaman' es, en realidad, un actor que perteneció hace años a las fuerzas armadas. Como él, casi un centenar de arrestados son veteranos o eran miembros en activo y de la Policía.

El resto de los sospechosos se reparte entre los seguidores de grupos conspiranoicos y de extrema derecha como los Proud Boys y una mayoría de ciudadanos sin adscripción clara a movimientos organizados; alborotadores y fanáticos incapaces de metabolizar los mensajes del presidente derrotado en las urnas, Donald Trump, de que la victoria de Joe Biden constituía un «fraude electoral» y que se movilizaron súbitamente para demoler el templo de la democracia estadounidense. El FBI destaca, eso sí, sus enormes dosis de radicalismo y violencia. Muchos invadieron la sede legislativa al grito de 'ahorcad a Pence', en referencia al vicepresidente republicano Mike Pence, que se negó a rechazar el acto de certificación de Biden como le exigía Trump con los nervios ya totalmente fuera de control.

El futuro inmediato de toda esta investigación policial y política pasa ahora por tres factores: cómo se organizarán los procesos contra los encausados por delitos más graves -si bien en cada Estado del que son oriundos o en Washington, donde ocurrieron los hechos-, las posibles responsabilidades del exmandatario republicano y qué sucederá con la información recabada por la comisión del Congreso. Aunque su presidente, Bennie Thompson, apuesta por llevar la indagación hasta sus últimas consecuencias y exhortar a la justicia a emitir cargos, una parte sustancial de los congresistas prefiere que el comité se dedique exclusivamente a su función informativa. Esencialmente, para evitar agravar las incendiarias tensiones existentes entre demócratas y republicanos desde hace un año, aunque los dos partidos son conscientes de que ponerse de perfil en este asunto conllevaría un profundo descrédito de la institución.

Qué hacer con Trump es otro problema a tenor del numeroso grupo de congresistas que tiene a su favor. En las últimas semanas han crecido los interrogantes entre la opinión pública sobre cómo el expresidente continúa campando a sus anchas, incluso con una gira de discursos que muchos entienden como preparatoria de su nueva candidatura para 2024, sin que aún le hayan rozado de manera seria las investigaciones. Abundan las referencias sobre él, pero de momento es una sombra. No así tres de sus antiguos colaboradores, a quienes se ha acusado de desacato: su exasesor Steve Bannon, el exjefe de gabinete Mark Meadows y el exayudante del fiscal general Jeffrey Clark.

6.000son, al menos, los cargos a los que se enfrentan los imputados en el motín, desde agresión a la autoridad hasta vandalismo y obstrucción a la certificación presidencial. La mayoría conllevan penas leves.

5fallecidos es el balance oficial del ataque al Capitolio, entre policías que murieron por crisis cardiacas y una mujer a la que alcanzó un disparo de un agente cuando intentaba entrar en una dependencia junto con cientos de manifestantes

Casi un año después, es ahora cuando la comisión más se acerca al líder republicano mediante dos líneas de trabajo distintas: las pesquisas sobre las llamadas telefónicas que Trump realizó antes del altercado y el testimonio reciente de un testigo todavía anónimo que refiere cómo su hija, Ivanka Trump, intentó infructuosamente que su padre interviniera con una declaración pública para detener la «violencia». Thompson opina que, de demostrarse que el exjefe de la Casa Blanca actuó tarde, podría ser inculpado formalmente de un delito.

Mientras tanto, el fiscal general, Merrick Garland, pronunciará este miércoles un discurso solemne para recalcar el «compromiso inquebrantable del departamento de defender a los estadounidenses y la democracia de la violencia y las amenazas de violencia». Es el momento. Millones de americanos consideran en las encuestas que todavía hoy la democracia «está en peligro» y las autoridades federales no descartan que, tras el precedente de hace un año, se haya destapado la caja de Pandora de la violencia ideológica.