Biden quiere evitar que se conozca su versión sobre los documentos secretos que tenía

Horas antes de que su fiscal general, Merrick Garland, fuera declarado en desacato por dos comités de la Cámara Baja que habían demandado las cintas, la Casa Blanca anunció que el mandatario ha invocado el «privilegio ejecutivo» para mantenerlas en secreto. Nada hubiera impedido que esas grabaciones, en las que se anticipa la voz de un anciano titubeante, se filtraran a la opinión pública e hicieran los deleites de la campaña de Trump.

«Aparentemente el presidente Biden tiene miedo de que los ciudadanos de este país escuchen esas cintas», protestó el portavoz del Congreso, Mike Johnson.

El Departamento de Justicia argumenta que los legisladores disponen de una transcripción oficial de las mismas y que, por tanto, solo buscan explotarlas políticamente. «En ausencia de una necesidad legítima para este audio, hemos de asumir que el objetivo probable es llanamente despedazarlas y distorsionarlas para usarlas con fines políticos», dijo en una carta el consejero legal del presidente, Edward Siskel.

Enfurecidos, los legisladores republicanos han advertido que este privilegio ejecutivo recién invocado no exonera a Garland de no haber cumplido antes con su demanda, por lo que el Comité Judicial votó igualmente a favor de declararlo en desacato. Fue Garland precisamente quien en enero del año pasado designó a Hur, un republicano, como fiscal independiente para investigar el manejo de documentos clasificados del presidente. Al ocurrir en paralelo al caso judicial que se sigue en Florida contra Donald Trump por su resistencia a entregar 15 cajas con cientos de documentos clasificados como secretos, el fiscal general quiso garantizar la transparencia entregando el caso al antiguo fiscal del distrito de Maryland, al que consideró suficientemente profesional como para exonerar al presidente.

En las 388 páginas de su informe, Hur deslizó opiniones sobre el estado cognitivo del mandatario que vienen a reafirmar la idea generalizada de que es demasiado mayor para aspirar a otros cuatro años de gobierno. Tanto durante las entrevistas que sostuvo, como las que grabó Biden con el escritor de su libro en 2017, el fiscal entendió que su memoria está significativamente dañada y, dada su plena cooperación con la investigación, no valía la pena imputarle porque podría convencer fácilmente al jurado de que llevarse esos papeles sueltos fue «un despiste inocente, en lugar de algo intencionado para violar la ley», escribió. Basándose en sus interacciones con él, Hur le veía como «un anciano bien intencionado de mala memoria» que despertaría simpatía fácilmente. Y eso es lo que quieren los republicanos que piensen los votantes, para que en noviembre le jubilen de la enorme responsabilidad que supone ser presidente de Estados Unidos.

Muchos de ellos se encontraban este jueves en Nueva York para apoyar al expresidente Donald Trump en los tribunales durante el careo judicial que mantiene con su exabogado Michael Cohen, principal testigo para el caso por el que se le imputan 34 delitos graves de fraude fiscal. Fue eso precisamente lo que forzó a posponer las audiencias del Comité de Supervisión en la que se votaría el desacato de Garland y dio tiempo a la Casa Blanca para reaccionar. El Departamento de Justicia alega también que hacerlas públicas comprometería la colaboración de otros testigos futuros, sin aportar ningún propósito legítimo de investigación.