Biden propone reformar el Tribunal Supremo para evitar el abuso del poder presidencial

Todo ocurre cuando tiene que ocurrir. En las fechas anteriores Biden planeaba rendir homenaje a los logros de Johnson en la lucha por los derechos civiles, una forma de apelar al electorado afroamericano. Ahora que esa misión ha quedado delegada en su vicepresidenta, Kamala Harris, se concentra en su legado, como lo hizo Johnson.

Aquel último domingo de marzo del 68, el presidente que ganó abrumadoramente el cargo tras heredarlo de Kennedy habló durante 40 minutos a la nación sobre la guerra de Vietnam, pero sorprendió a todos, menos a su familia y unos cuantos asesores íntimos, que dudaban si realmente iba a anunciar que «no buscaría ni aceptaría la nominación de su partido» para otro mandato. «Con los hijos de los estadounidenses en lejanos campos de batalla, el futuro de América en juego aquí en casa, y nuestras esperanzas de un mundo en paz en la balanza a diario, no creo que debo dedicar cada hora de mi día y de mi tiempo a un tema partidista ni a cualquier otra obligación que no sea la de esta oficina», dijo desde el Despacho Oval.

Sus palabras sacudieron a quienes dormitaban frente al televisor y dejaron a algunos preguntándose si se trataría de una broma del Día de los Inocentes. Johnson se concentró el resto de su presidencia en tratar de acabar con la guerra de Vietnam.

Sin duda Biden había leído su intervención antes de escribir el suyo: «Venero esta oficina pero amo más a mi país», resumió el miércoles pasado. «A lo largo de los próximos seis meses me concentraré en hacer mi trabajo como presidente». De entre las tareas a las que prometió dedicarse está la de liderar la reforma del Tribunal Supremo «porque es crítica para nuestra democracia», explicó. Este lunes precisó más en un artículo de opinión publicado en 'The Washington Post' en el que adelantaba el discurso que dio a la sombra de Johnson.

El mandatario quiere acabar con los términos vitalicios de los nueve intocables del Supremo, cuyos mandatos se propone limitar a 18 años y someter a un código de conducta ética con consecuencias jurídicas. «Como senador, vicepresidente y presidente he supervisado más nominaciones que ningún otro ser vivo hoy. Tengo un gran respeto por nuestras instituciones y la separación de poderes, pero lo que está ocurriendo ahora no es normal».

Tras el nombramiento de tres jueces ultraconservadores para el Supremo, Donald Trump cambió para siempre el equilibrio del más alto tribunal del país, que tiene la última palabra en casi todo lo que ocurre. Son, sin embargo, los escándalos que rodean al juez Clarence Thomas, nombrado por el presidente George Bush padre como el segundo afroamericano del tribunal, los que tienen más indignado al país. Tras las elecciones de 2020 su esposa, Jenny Thomas, pro Trump, contactó directamente al jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, para que no reconociera el resultado, inyectándole todo tipo de teorías de la conspiración sobre fraude. Thomas no se recusó de los casos que involucraban al expresidente, al que ha concedido inmunidad por todo lo que hizo durante el cargo, incluyendo lo que tiene que ver con el asalto al Capitolio, por lo que probablemente pueda escaparse de los juicios que tenía en marcha.

La pareja ha aceptado dádivas de prominentes multimillonarios del Tea Party y la Heritage Foundation que no declararon entre sus ingresos y pudieron interferir con los casos que el juez del Supremo tenía sobre la mesa. Desde viajes de lujo, prácticamente cada año, en súper yates y aviones privados, hasta el pago de las carreras universitarias de su nieto. Jueces conservadores como Neil Gorsuch y Samuel Alito recibieron también regalos e invitaciones de lujo que no desvelaron hasta que se conocieron a través de investigaciones periodísticas. «El tribunal está embarrado en una crisis ética», ha concluido Biden, que ha consultado para sus propuestas con la comisión presidencial bipartidista sobre el Supremo, formada por académicos progresistas y conservadores.

Su verdadera meta es «evitar el abuso del poder presidencial y restaurar la fe del público en el Supremo», escribió. Bajo el lema de «nadie está por encima de la ley» pretende introducir en el Congreso una enmienda constitucional que elimine la inmunidad del presidente de turno a la hora de cometer delitos «mientras está en el cargo». Su argumento es que el poder del mandatario no es ilimitado ni absoluto. «Somos una nación de leyes, no de reyes o dictadores».

Y si los presidentes estadounidenses ven limitados sus mandatos, lo mismo debería ocurrir con los jueces del Supremo. «EE UU es la única gran democracia constitucional que da asientos vitalicios en su más alto tribunal». En su opinión, la medida ayudará a que los cargos cambien con cierta regularidad y hagan de las nominaciones al tribunal algo «más predecible y menos arbitrario». «Reducirán las posibilidades de que cualquier presidencia cambie radicalmente la composición del tribunal para varias generaciones». Sin embargo, al no haber coordinado estas acciones con el Congreso, sus intenciones pueden quedarse en el aire.