Biden, un final de vértigo

Las decisiones que el mandatario toma con una cadencia endiabladamente rápida en estos últimos compases de su tiempo como gobernante sorprenden incluso en su partido y no siempre para bien. El blindaje judicial a su hijo ha causado un indisimulado malestar en amplios círculos demócratas por la imagen que ofrece de un manejo «impropio» de la Justicia. Más aún por parte de un presidente que repitió una y otra vez que nunca daría este paso; o que hace solo diez meses garantizó a los estadounidenses que nunca se valdría de su cargo para favorecer intereses propios, justo cuando se hallaba en medio de una acusación de los republicanos por tráfico de influencias relacionada con los negocios de su hijo.

La sensación que flota en el ambiente es que Biden no rinde ya cuentas a su partido. Éste le desairó forzándole a retirarse en plena campaña electoral y, tras el desastroso resultado en las elecciones de noviembre, no son pocos los demócratas, comenzando por su antigua amiga Nancy Pelosi, que le culpan de la derrota. La formación le ha regalado desde los comicios con un silencio impropio para un presidente que acaba su mandato. No ocurrió con Bill Clinton ni con Barack Obama. El veterano mandatario trabaja con su equipo en la Casa Blanca con una indiferencia casi idéntica.

Varios gobernadores, senadores y miembros de la Cámara de Representantes le han censurado por el indulto a su hijo, incluso admitiendo la responsabilidad que tiene en esta decisión la carga emocional. Pero estiman que se produce en un momento inoportuno que podría contribuir a validar el proyecto de Trump de reformar el Departamento de Justicia al completo. Y, sobre todo, a su manera.

Uno de los críticos más duros ha sido el senador por Míchigan Gary Peters, quien ha asegurado que «la familia y los aliados de un presidente no deberían recibir un trato especial» y ha calificado la medida de clemencia como un «uso indebido del poder» que anima a otros a torcer la justicia para adaptarla a sus intereses», en alusión al líder republicano. Los reproches contrastan, sin embargo, con el deseo de los demócratas del Congreso de buscar una solución legal –véase un indulto preventivo– a aquellos cargos, políticos y altos representantes que están en la 'lista negra' de Trump con el fin de que no acaben sufriendo acusaciones artificiales. Lo que con Hunter Biden se evalúa como una mancha personal, en estos casos se toma como un asunto político de alto nivel. Incluso Barack Obama pidió este viernes formar alianzas contra Trump.

Biden ha resucitado también sus viejos fantasmas de la Guerra Fría. Uno de ellos es Cuba. Esta semana ha aprobado una ley que prohíbe comercializar en Estados Unidos cualquier producto de aquellas marcas que confiscó Fidel Castro al final de la revolución. El ron es uno de ellos.

La otra gran obsesión es Rusia. El octogenario mandatario no ha conseguido poner fin a la guerra de Ucrania derrotando al presidente Vladímir Putin. Su decisión de permitir a Kiev que utilice los misiles de largo alcance norteamericanos en territorio ruso y el envío de minas antipersona han sido otras dos medidas sorprendentes tras las reticencias que ha mostrado hasta ahora a tensionar más la confrontación con Moscú y su miedo a una tercera guerra mundial. Tampoco son decisiones que tengan un respaldo unánime. Al contrario, dividen a los demócratas y, en especial, a un sector sustancial de su electorado, que duda sobre si su presidente está yendo demasiado lejos en el blindaje armado a Ucrania antes de la llegada de Trump y sus anunciados recortes.

Las minas antipersona están prohibidas desde 1999 por 160 países –entre los que no figura EE UU–debido a los estragos que pueden causar en la población civil. Pese a que los artefactos que mandará Washington pertenecen a un modelo que se desactiva automáticamente pasado un tiempo, los expertos consideran que resultan igualmente peligrosos si un ciudadano los manipula. Biden se ha negado a aprovisionar al ejército de Zelenski con estas minas desde 2022. Pero ahora ha aflojado. Human Rights Wacht y Aministía Internacional han deplorado su decisión como «imprudente» y la califican de «revés profundamente decepcionante. Es devastador», afirman las dos organizaciones internacionales, a las que extraña que Biden haya tomado una iniciativa «tan trascendental y peligrosa justo antes de que su legado de servicio público quede sellado para los libros de Historia».

El último debate inédito de su legislatura se llama indultos preventivos. Lara Trump, la yerna del líder republicano, dijo este viernes que los estadounidenses se «sorprenderán» con la forma de gobernar de su pariente multimillonario, lejana de todas las amenazas que se le atribuyen. Sin embargo, existe una conciencia bastante clara de que Donald Trump sería capaz de tomarse la revancha sobre quienes han figurado al otro lado de su trinchera en estos últimos cuatro años. La elección de su equipo de secretarios de Estado, directores y asesores parece atestiguarlo.

Bajo ese trasfondo, juristas y políticos se pronuncian estos días de modo disonante sobre la figura de gracia que estudia la Casa Blanca, posible de desarrollarse pero que muchos creen disruptiva al aplicarse a personas que todavía no han cometido delitos, se encuentran acusadas ni soportan condena alguna. El proyecto se basa en una especie de sensación de peligro inminente. El argumento para defenderlo consiste en que todos los presuntos objetivos de las iras de Trump son «patriotas» que se han limitado a cumplir sus responsabilidades con Estados Unidos y que están expuestos a sanciones arbitrarias. Al conceder un perdón preventivo general, el Gobierno busca evitar fisuras; anticipar que en el futuro nadie de los señalados pudiera ser llevado al banquillo por cualquier supuesta irregularidad cometida en el pasado, por nimia que fuera.

Como en todo, hay detractores a esta fórmula, que defienden cómo, al establecer un indulto, se presupone que el beneficiario ha cometido un delito o, al menos, una falta. Y eso reforzaría el argumentario del presidente electo ante sus seguidores de que en estos últimos cuatro años él ha sido objeto de una especie de cacería.

En el fondo de este debate subyace el miedo. El magnate y su entorno se han prodigado en airear las docenas de funcionarios, policías del Capitolio y cargos públicos a los que habría que condenar de distintas maneras por intentar perjudicar al republicano: desde la crítica excongresista Liz Cheney hasta el general Mark A. Milley, exjefe del Estado Mayor Conjunto, que lo asimiló al perfil de un dictador.

Pam Bondi, convocada por Trump para dirigir el Departamento de Estado, ha publicado una lista de 60 personas que, según ella, pertenecen al «Estado profundo» que persigue a su jefe mientras en su entorno se alimenta la idea de procesar a antiguos cargos como Jack Smith, el exfiscal que procesó a Trump, así como al juez Arthur Engoron y la fiscal Laetitia James, que condenaron a la Organización Trump a pagar una multa de casi 500 millones de dólares por fraude empresarial en Nueva York. Olivia Troye, que trabajo con el vicepresidente republicano Mike Pence entre 2016 y 2020, ya sabe lo que es la presión directa. Troye ha recibido una carta de un abogado en la que le anuncia «acciones legales en su contra» si no pide perdón por unas declaraciones efectuadas contra Trump.