Biden desmonta los cambios que introdujo Trump en materias de acoso sexual y discriminación de género

En la nueva redefinición de este controvertido título del reglamento de Educación se recupera la protección de las víctimas mediante interrogatorios privados y se redefine el acoso sexual como «una conducta sexual no solicitada, que crea un ambiente hostil al limitar o negar a la persona a participar en beneficio de un programa o actividad educativa». Además, se exige que el centro tome «acción pronta y eficaz» para poner fin a cualquier discriminación de sexo y tratar de forma equitativa tanto a los que interpongan quejas como a los que respondan de ellas.

Se trata de la segunda remodelación de esta enmienda de 1972, pensada para prohibir la discriminación por motivos sexuales en los programas y actividades educativas de centros que reciben financiación del gobierno federal. Se consideraba un logro de los derechos civiles, que se puso en cuestión cuando se decidió que los estudiantes transgénero no podrían utilizar el baño de su sexo en los colegios públicos. Como consecuencia, el 70% dijo evitar los servicios de su escuela o Universidad porque se sentía incómodo o inseguro, mientras que el 75% extendía esa sensación a todas las instalaciones, según una encuesta del National School Climate Survey. Como con el aborto, ante la ausencia de directrices federales, la decisión quedó en manos de los estados, con una atomización de leyes anti discriminación en estados progresistas y prohibiciones en los conservadores. En febrero de 2018 el Departamento de Educación de Trump anunció directamente que no investigaría ninguna queja que presentarán los estudiantes transgénero por discriminación en el acceso a instalaciones escolares.

En las más de 1500 páginas con las que se redefine ahora este título, el Gobierno de Biden no ha encontrado espacio para reglamentar el papel de los atletas transgénero en los deportes de su sexo, la patata caliente de esta regulación, qué, dice, abordará por separado. Los cambios anunciados ayer por el secretario de Educación, Miguel Cardona, han tenido en cuenta 150.000 comentarios públicos, pero aún estarán en barbecho hasta el 1 de agosto, para cuando entrará en vigor el texto «definitivo» de una ley que pretende garantizar la seguridad de los estudiantes y eliminar la discriminación de género.

Las voces conservadoras lo han tomado como un atentado a la seguridad de las mujeres, por tener que convivir en baños y vestuarios con estudiantes transgénero, y contra las oportunidades de la mujer. «Esta regulación integral reimagina ilegalmente el título IX para permitir la invasión de los espacios de las mujeres y la reducción de sus derechos en nombre de proteger las identidades de género, lo cual contrario al propósito del título IX, por lo que planeamos demandarla», advirtió en un comunicado May Mailman, Directora del Independent Women's Law Center.