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Cuando ya han fallado sanciones y golpes de Estado, solo queda la conciliación. Desde mayo pasado, el secretario de Estado, Antony Blinken, y el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, han mantenido reuniones periódicas para reenfocar la situación de Venezuela, con ... consultas a diferentes actores de la región, que han abogado en favor de una normalización de las relaciones, además de Europa y Oriente Próximo. No ha sido fácil convencer al presidente Joe Biden de flexibilizar la política hacia el país latinoamericano, sin garantías de que eso facilite democratización.
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La primera muestra de que Biden había aceptado probar el acercamiento vino en octubre con el anuncio del levantamiento temporal de las sanciones impuestas por Trump. Parecía inimaginable dar un respiro al Gobierno de Nicolás Maduro, después de haber intentado sofocarlo económicamente. El Ejecutivo de Caracas se había apuntado a la filosofía cubana de «antes muerto de hambre que sometido al imperio». Eso resultó en el segundo mayor éxodo migratorio del mundo actual, con 7,7 millones de venezolanos (de una población de 29 millones) que han abandonado el país desde febrero. Solo en 2022 las patrullas fronterizas estadounidenses interceptaron a 190.000, una cifra récord que volverá a batirse este año, ya que en los cuatro primeros meses superaba los 65.000.
Miami es la ciudad del mundo en la que viven más venezolanos, pero en Nueva York suponen el 40% de los más de cien mil inmigrantes que han solicitado asilo. A diferencia de lo que ocurre con Cuba, el costo humanitario de unas políticas fallidas amenaza con pasarle factura al presidente en las elecciones. Para amortiguar el coste, el Gobierno de Biden extendió en septiembre a los 472.000 venezolanos que estaban en Estados Unidos antes de agosto de 2023 la posibilidad de obtener protección migratoria temporal por las «extraordinarias circunstancias» que les impiden volver a casa sin arriesgar la vida. El deshielo con Caracas permitirá también deportar a aquellos que no cualifiquen, ya que hasta ahora no había opciones para devolverlos a su país de origen. El primer avión con deportados aterrizó en la capital venezolana el 18 de octubre, días después de que el Ejecutivo de Maduro y la oposición alcanzaran un acuerdo para los comicios de 2024, con observadores incluidos. Maduro cumplía con las exigencias de buena conducta que había demandado Washington como condición para empezar aliviar su dolor.
Los venezolanos no solo escapan de la represión política, sino de la pobreza extrema que se intenta mejorar con los seis meses de levantamiento de sanciones al petróleo y al gas natural. Frente a la política de «máxima presión» que implantó el Gobierno de Trump, el de Biden está dispuesto a dejarle respirar si da muestras de que puede reformarse. «Pasemos la página, reconstruyamos las relaciones basándonos en el respeto y la cooperación», pidió Maduro en un mensaje televisado.
Mediante este acuerdo las compañías estadounidenses podrán volver a operar en Venezuela y exportar petróleo y gas natural, lo que supone también un seguro de vida para el Gobierno de Biden en año electoral. Arabia Saudí ha demostrado ser un socio tácito de Trump que busca su vuelta al poder manipulando el precio mundial del crudo al limitar la producción. El país latinoamericano puede ser clave para estabilizar el precio que verán los estadounidenses en las gasolineras antes de votar. Con la entrada de divisas Caracas podrá invertir en las reparaciones de una infraestructura abandonada que limita la producción de crudo a 824.000 barriles diarios, muy lejos de los tres millones que extraía en los años 90. Se calcula que en solo seis meses podría aumentarlo en 200.000 diarios más.
Los críticos del régimen creen que eso es dinero que el Gobierno de Maduro podrá invertir en comprar votos para las elecciones. Tras haberse sentado durante más de una década en el comité de Relaciones Exteriores del Senado, Biden sabe que si el presidente venezolano no cumple con sus promesas se enfrentará a la ira del Congreso y tendrá que revertir su posición. De ahí que las sanciones se hayan levantado solo por seis meses, pendientes de buena conducta.
La liberación de diez estadounidenses y la extradición de un fugitivo buscado por la Justicia, a cambio del empresario colombiano amigo de Maduro, Alex Saab, acusado de lavado de dinero, que se produjo el miércoles es una de las pruebas que la Casa Blanca necesitaba para demostrar que su nueva política da réditos. Se trata de la mayor liberación de prisioneros estadounidenses de la historia por parte de Venezuela. En lugar de juzgar al empresario colombiano por corrupción, Estados Unidos podrá devolver a prisión a 'El Gordo Leonard', condenado por estafar a la Marina 35 millones como subcontratista en Asia. Y Maduro puede decir a su gente que «triunfó la verdad» al considerar que la liberación de su amigo limpia su nombre.
Más difícil será en los próximos meses demostrar que es capaz de cumplir con sus promesas democráticas para facilitar unas elecciones en las que ni siquiera ha respetado a la ganadora de las primarias de la Plataforma Unitaria, María Corina Machado, a la que no permite presentarse a los comicios. La apuesta de Biden juega con fuego y ha servido ya para indignar a los círculos antichavistas, que afilan espadas a la espera de resultados.
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