La afluencia masiva de migrantes lleva a EE UU a militarizar la frontera con México

En los últimos meses decenas de miles de migrantes de Centroamérica y Sudamérica han llegado hasta la frontera con el objetivo de cruzar a Estados Unidos y lograr una vida mejor. Solamente en octubre, el último mes del que hay registros, las autoridades fronterizas estadounidenses atendieron en El Paso a más de 50.000 migrantes. Es un aumento de 280% en comparación con el mismo mes del año pasado, y el mayor incremento de toda la línea limítrofe sur de Estados Unidos. La masiva afluencia llevó al alcalde de la localidad, el demócrata Oscar Leeser, a decretar el estado de emergencia para poder acceder a fondos federales para la atención humanitaria. La respuesta del Gobierno del republicano Greg Abbott ha sido militarizar la frontera.

La llegada masiva se debe a la perspectiva de que se derogase el polémico Título 42. La decisión del Tribunal Supremo de mantener en vigor la norma -que permite la devolución acelerada de migrantes a México, y que iba a expirar este pasado miércoles- ha hecho cundir la incertidumbre entre los migrantes situados en el lado mexicano de la frontera.

Algunos expertos consideran discriminatorio el Título 42. Para poder solicitar asilo en EE UU, es necesario estar en territorio estadounidense. El problema es que la citada norma permite la devolución inmediata de migrantes de algunos países, pero no de otros. Así, los provenientes de Venezuela y la mayor parte de Centroamérica son inmediatamente devueltos a México. En cambio, los que llegan desde Ecuador, Perú, Nicaragua -con quien EE UU no tiene lazos diplomáticos- o Colombia se entregan a las autoridades para tramitar sus solicitudes de asilo, ya que estos países no están sujetos al Título 42. Sin embargo, la política impulsada por Trump conocida como 'Quedarse en México' les obliga a esperar en el lado mexicano de la peligrosa franja fronteriza hasta que su solicitud sea aprobada. El proceso puede tardar años.

La Navidad ha hecho las cosas aún más difíciles, cuenta la venezolana Yessica Jerales, que estaba con sus dos hijos, a la agencia Reuters: «Llega el 24 de diciembre y no sabes dónde van a dormir. Ven las luces y es Navidad, y tienes que explicarles que a donde vamos es para darles un futuro mejor», dice.

En términos parecidos se expresa el venezolano Giovanny Castellanos, que lleva seis semanas aguardando a poder cruzar la frontera. «Mucha gente está desesperada, no quieren pasar la Navidad aquí», afirma este migrante de 32 años.

La presión migratoria se traslada a otros puntos de la línea divisoria. Es el caso de la localidad mexicana de Matamoros, próxima a Brownsville (Texas). Allí, Juan Antonio Sierra, que dirige el mayor albergue de migrantes de la ciudad, afirma, en declaraciones a Reuters, que Matamoros cuenta ahora con hasta 8.000 migrantes, muchos de ellos viviendo en el campamento fronterizo o en las calles.

Con la previsión de que las temperaturas sigan bajando, le preocupa que quienes están ansiosos por llegar a Estados Unidos arriesguen sus vidas cruzando el río. «Es peligroso porque pueden ahogarse, porque las temperaturas fluctúan, y va a hacer aún más frío», afirma. Pero muchos están decididos a cruzar. «No puedo rendirme tan fácilmente», afirma Alexis Farfán, migrante venezolano de 26 años, que se aloja en un refugio de Tijuana desde que fue expulsado de Estados Unidos a principios de este mes. «Confío en Dios en que llegaré al otro lado».

El Título 42 es una norma sanitaria que rescató la Administración de Donald Trump en 2020 que, en resumen, permite devolver a México a migrantes provenientes de Venezuela y la mayoría de países de Centroamérica en apenas unos minutos; un proceso infinitamente más rápido que la deportación, que puede alargarse durante meses o incluso años. En este tiempo, el Título 42 ha permitido la expulsión acelerada de 2,7 millones de migrantes, según datos del International Rescue Comittee.

A mediados de noviembre, un juez federal en Washington D.C. ordenó al Gobierno de EE UU poner fin a la norma. La fecha límite era este miércoles, pero el Tribunal Supremo paralizó su suspensión de forma cautelar atendiendo a un recurso de los fiscales de 19 estados republicanos, que temían los efectos de la enorme presión migratoria. En los próximos días, los jueces deben decidir si permiten o no que se congele la medida mientras un tribunal de menor instancia decide el caso.