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Donald Trump, que domina sobre el resto de candidatos a las primarias del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de 2024 en Estados Unidos, intenta bloquear la demanda civil por fraude fiscal contra su conglomerado de negocios. El juicio es inminente ya que comenzará en ... octubre en Nueva York.
La Fiscalía afirma que el fraude cometido por la Organización Trump, a la que acusa de exagerar sus cuentas, es tan generalizado que no hay necesidad de demostrarlo. La demanda exige el pago de una multa de 250 millones de dólares por inflar el valor de sus activos en hasta 2.200 millones durante una década.
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El cerco legal al expresidente coincide con la iniciativa de un creciente número de juristas y grupos liberales que han señalado su intención de bloquear la candidatura de Trump para las próximas elecciones en virtud de una cláusula de la Decimocuarta Enmienda que inhabilita el acceso a un cargo público por participar en una «insurrección o rebelión». Esa disposición, promulgada tras la Guerra Civil y raramente utilizada, impediría al magnate ser reelegido por violar su juramento a la Constitución tras su intento de anular los comicios presidenciales de 2020 y alentar el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.
Dos organizaciones liberales sin fines de lucro han prometido impugnar la candidatura presidencial del millonario caído en desgracia si los estados no le bloquean de la papeleta electoral en sus correspondientes jurisdicciones. Por su parte, el fiscal general de New Hampshire está considerando «cuidadosamente» los temas legales que implicaría la descalificación de Trump de cara a los comicios. La iniciativa augura un considerable caos judicial por las posibles apelaciones republicanas que se resistirían a la moción.
Por su parte, un juez federal dictaminó el miércoles que Rudy Giuliani, cómplice de Trump en la trama de Georgia, es responsable de difamación a dos trabajadoras electorales en el estado, a quienes acusó de manipular papeletas durante el recuento de votos. La sentencia le ordena a pagar a ambas una compensación por daños y perjuicios por la brutal persecución a la que se vieron sometidas por los extremistas del movimiento Make America Great Again (MAGA) tras las acusaciones del exalcalde de Nueva York.
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