El aborto sacude la política de EE UU

El cuerpo de las mujeres vuelve a ser un arma política. Millones de ellas se han quedado sin la posibilidad de un aborto seguro en su entorno. Como las españolas durante la dictadura franquista, las texanas tendrán que cruzar las fronteras del Estado para la intervención que protegerá sus vidas. O al menos, la vida que han elegido tener. La polémica SB8 prohíbe de facto el aborto para el 85% de las mujeres, o sea, todas las que no sean capaces de interrumpir su embarazo antes de las seis semanas, apenas un mes y medio desde la concepción, el tiempo que tarda una mujer en sospecharlo. No hay excepciones ni para malformaciones del feto, ni violaciones o peligro para la madre.

Con todo, lo más maquiavélico de la ley es que está diseñada para sobrevivir a cualquier desafío legal al proporcionar excusas técnicas a los jueces conservadores que, como los cinco del Supremo que conforman la mayoría, gracias a los tres nombramientos de Donald Trump, quieran dejarla correr. Para retarla en los tribunales habría que nombrar a alguna autoridad en la demanda, pero en este caso no será ninguna la que la implemente. La ley convierte en policía a todos los ciudadanos para que eleven la causa en los tribunales a nivel individual, no solo contra los médicos o las clínicas que practiquen la intervención, sino contra cualquiera que «sea cómplice» o participe «de modo alguno», lo que podría incluir desde la recepcionista de la clínica hasta el conductor de Uber que lleve a la mujer o la amiga que le preste el dinero.

Por si el incentivo ideológico del extremismo cristiano no fuera suficiente, la ley prevé compensar con 10.000 dólares a estos ciudadanos que descubran un aborto y lleven a los implicados hasta los tribunales. Además, el mismo aborto puede ser denunciado en cada uno de los condados en los que exista una persona atribulada por el supuesto crimen, lo que potencialmente puede generar 254 demandas por la misma acusación, una por cada uno de los 254 condados texanos. Bastará con encontrar un ciudadano u organización dispuesto a denunciarlo en cada uno, y no faltarán. Los extremistas contra el aborto ya han puesto en la web páginas como la de ProLifeWhistleBlower.com, desde la que cualquiera puede dar «un chivatazo anónimo» con la promesa de que «no te contactaremos ni te involucraremos». Tan solo «ayúdanos a implementar la Ley del Latido de Texas», dice la web.

Lo del «latido» es una falacia propagandística inventada por el movimiento antiabortista para poder clamar que defienden «a los niños no nacidos». «Ahora tu hijo está protegido desde el primer latido», dice la propaganda, ya que la ley estima que a partir de la sexta semana de gestación se puede detectar el latido. Nadie lo puede corroborar. En ese momento solo se trata de una célula que resulta de la fertilización de un óvulo y un esperma que empieza a multiplicarse. De hecho, no se le llama embrión hasta las ocho semanas y feto hasta la novena. Según la decisión del propio Tribunal Supremo en el caso Roe contra Wade, es «indisputable» que no se puede reconocer ningún movimiento del feto en el útero hasta al menos entre las semanas 16 y 18, y no se considera un embarazo viable hasta las 24 semanas.

Tras la conmoción inicial por la aplicación de la ley en el momento en que el mundo se ha organizado para proteger a las mujeres de Afganistán, los demócratas se han frotado las manos. «Estoy deseando ver cómo defienden los republicanos empoderar a la vecina chismosa para que denuncie lo que pasa en la casa de al lado», se entusiasma un estratega del partido. La debacle afgana ha hecho caer a Joe Biden en las encuestas, no tanto porque haya defraudado a los conservadores, sino por las críticas de la izquierda comprometida con la solidaridad internacional, los derechos de las mujeres y la responsabilidad hacia los afganos a los que se les vendió el sueño americano.

Con los conservadores motivados para recuperar el Congreso, la apatía de las bases demócratas auguraba una derrota segura y el fin de la agenda de Biden. La llamada 'Ley del Latido' proporciona al partido en el poder un revulsivo para motivar a las mujeres a votar por el único partido que puede protegerlas, si obtiene suficiente mayoría para llevar a cabo la reforma del Tribunal Superior. Una veintena de leyes que limitan el aborto esperan en los tribunales a que se determine su legalidad y otras muchas se cuecen al vapor tras demostrarse la inclinación de la mayoría conservadora del Supremo a darles luz verde.

La amenaza no se limita a los Estados republicanos. La trayectoria judicial de estas leyes dará al tribunal la ocasión de revertir la decisión del caso Roe contra Wade que en 1973 legalizó la interrupción del embarazo en todo el país hasta las 24 semanas.

El Supremo ya tiene sobre la mesa la ley de Mississippi que decidirá antes de las elecciones. La campaña está servida, y las mujeres están en la línea de tiro.