El aborto en EE UU regresa al Supremo

Ello indica que hay división dentro del tribunal sobre la sentencia de un juez de Amarillo (Texas), que ordenó suspender la venta de este medicamento abortivo en todo el país por supuestas razones médicas, a pesar de que lleva más de dos décadas en el mercado y ha sido considerado seguro por la Federal Drug Administration (FDA).

Con ello, las mujeres norteamericanas seguían en vilo, pero también las farmacéuticas en general. «Como industria, contamos con la autonomía y la autoridad de la FDA para traer nuevos medicamentos a los pacientes bajo un proceso regulador confiable de evaluación y aprobación», expresaron los ejecutivos de más de una docena de grandes firmas del sector liderados por Albert Bourla, consejero delegado de Pfizer. La idea de que cualquier juez del país pueda anular la licencia para comercializar un medicamento «sin tener en cuenta las pruebas o evidencias científicas» pone en riesgo el futuro de cualquier medicamento, no sólo el de Mifepristone. Eso sentará un precedente, pondrá en riesgo la inversión en nuevos medicamentos «y traerá incertidumbre a toda la industria farmacéutica», dice su carta.

Ya en 2017 más de la mitad de los abortos se realizaban privadamente en la intimidad del hogar mediante el uso del coctel en el que Mifepristone es solo el primer paso, al bloquear la segregación de progesterona e interrumpir el embarazo en noventa minutos. El segundo y último proceso es Misoprostol, que provoca contracciones y sangrado para que el útero expulse el feto de menos de doce semanas.

Ésta es la segunda oportunidad que tiene el Tribunal Supremo de privar a las mujeres de EE UU de la posibilidad de abortar, tras desmontar hace casi un año la jurisprudencia que protegía el aborto a nivel federal en todo el país hasta las veinticuatro semanas de gestación. Desde entonces, «más de la mitad de las mujeres estadounidenses en edad reproductiva viven al menos a una hora de distancia de un médico que pueda practicar el aborto», observó la doctora Julie Burkhart, que tiene en Wichita (Kansas) la única clínica que opera en un estado conservador. «No podemos seguir hablando de proteger la vida del feto sin tener una conversación sobre la igualdad de las mujeres, particularmente mientras Estados Unidos tenga el mayor índice de mortalidad materna en el mundo desarrollado», observó en Democracy Now.

Si el Supremo valida la opinión del juez de Amarillo, Matthew Kacsmaryk, las posibilidades de las estadounidenses para interrumpir el embarazo de forma segura retrocederán significativamente, pero también las de millones de personas cuya salud dependa de medicamentos existentes o por desarrollar.