Hawái interpondrá la primera demanda contra el nuevo veto migratorio de Trump

Hawái también interpuso una demanda contra el primer veto, en la que argumentó que la medida era inconstitucional y que tenía un impacto negativo en su población, economía y universidades. Sin embargo, la demanda que logró bloquear ese veto fue la presentada por el estado de Washington.

El fiscal general de Washington, el también demócrata Bob Ferguson, artífice de esa demanda, ya dijo este pasado lunes que necesita tiempo para estudiar los cambios introducidos por Trump al nuevo veto para decidir si vuelve a acudir o no a los tribunales.

El escrito presentado este martes por Hawái solicita realizar la audiencia el próximo 15 de marzo, la víspera de la entrada en vigor del veto, para que el juez tenga la opción de suspenderla antes de que eso suceda.

Trump aprobó este lunes un veto migratorio que suspende durante 90 días los visados a los inmigrantes de seis países de mayoría musulmana (Irán, Siria, Sudán, Libia, Somalia y Yemen) y durante 120 el programa de acogida de refugiados. A diferencia del veto anterior, Trump dejó fuera de la suspensión de visados a los ciudadanos iraquíes y a los de esas seis naciones que ya gocen de residencia permanente.

Además, se eliminó la suspensión permanente a la acogida de refugiados sirios y se suprimió las referencias religiosas. El presidente estadounidense tomó la decisión de presentar un segundo veto después de recibir varios reveses judiciales con el anterior.

Recortar fondos de la Guardia Costera

Trump planearía recortar en un 14% el presupuesto para 2018 de la Guardia Costera para destinarlo a seguridad fronteriza, construcción del muro incluida, y control de la inmigración.

La propuesta presupuestaria, un boceto al que tuvo acceso The Washington Post, también prevé una reducción del 11% de la Administración de Seguridad en el Transporte, encargada de la seguridad aeroportuaria (TSA).

El presupuesto de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), que aporta los primeros fondos de respuesta a desastres naturales como huracanes, tornados o inundaciones, también sufrirá un recorte del 11%, de acuerdo con el rotativo.

Estos porcentajes dejarían el presupuesto de la Guardia Costera en 7.800 millones de dólares (9.100 en 2017), en 4.500 millones de dólares el de la TSA y 3.600 el de la FEMA. Los recortes en la Guardia Costera incluyen la desactivación de un programa de patrullas antiterroristas en puertos y vías fluviales, así como cancelar la construcción de una embarcación de guerra tipo cutter con un coste estimado de 500 millones.

Estos recortes están previstos pese a que el presupuesto global del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que dependen todas, aumentará en un 6,4% (2.900 millones de dólares) hasta los 43.800 millones de dólares.

Parte del incremento (1.900 millones) irá a financiar los centros de detención para inmigrantes, unos 285 millones de dólares a la contratación de 500 agentes fronterizos y 1.000 agentes migratorios y otra parte no especificada irá a la construcción del muro. El presupuesto del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) crecerá un 36% hasta los 7.900 millones de dólares y el de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en un 27% hasta los 14.200 millones de dólares.

Un portavoz de la Casa Blanca, Michael Short, aseguró a The Washington Post que el Gobierno de Trump aún trabaja en la elaboración del presupuesto ya que no será hasta finales de mes cuando deberá presentarlo ante el Congreso. "Intentar sacar conclusiones tan temprano sería extremadamente prematuro", indicó Short.

El congresista republicano Duncan Hunter, que apoyó a Trump y que preside el Subcomité de la Guardia Costera y Transporte Marítimo de la Cámara de Representantes, dijo que esos recortes perjudican la lucha contra el narcotráfico y el control migratorio.

"Si el presidente se toma en serio perseguir a los carteles e ir detrás de las redes del narcotráfico, esto no tiene ningún sentido", argumentó. Trump asegura que la factura del muro -que se estima en más de 20.000 millones de dólares- la abonará finalmente México pese a que el dinero para su construcción lo tenga que adelantar EE UU.