Ecuador, el país de todos los miedos

Pérez es uno de los tres españoles radicados desde hace décadas en el país andino que nos explican ese proceso de degradación. Los tres habitan en Quito y la zona costera, el área más afectada por el fenómeno delictivo. Todos parecen achacar la aceleración del desastre a Lenin, al presidente Lenin Moreno, sucesor de Rafael Correa en 2017. «El déficit público era elevado y se suprimió el Ministerio del Interior», recuerda esta cooperante, impulsora de la Fundación Maquita. La insólita medida dejó el control de las cárceles en manos de policías, la guardia penitenciaria y los militares, «susceptibles de ser corrompidos», lamenta: «Todo se fue de las manos».

La tormenta resultó perfecta. Cuando la delincuencia local se hacía fuerte, llegaron extranjeros que prometían pingües negocios. Los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación y las mafias albanesa e italiana, repararon en la idoneidad de Ecuador como foco emisor de la droga procedente de Colombia, Perú y Bolivia. Su posición geoestratégica en la costa del Océano Pacífico y su infraestructura portuaria impulsaron el narcotráfico a gran escala y la expansión del crimen organizado. «Se encontraron con gobiernos débiles y cuerpos de seguridad con baja formación y sin medios», explica el sacerdote Juan Mari Bautista, miembro de la entidad Misiones Diocesanas Vascas. «En 2008, el grupo de los Choneros, llamados así por su origen en la localidad de Chone, estaba formado por 10 individuos que se dedicaban al menudeo de la droga. Una década después, llegaban a los 10.000», asegura. «Hoy su radio de acción afecta a un millón de personas en un país que no llega a los 18 millones en total».

La parroquia de este sacerdote nacido en Rentería (Gipuzkoa) se encuentra en el barrio de Monte Sinaí, «el último, allí donde Guayaquil pierde su nombre», señala y alega que esta banda, dirigida por Adolfo Macías, alias Fito, se ha convertido en un poder de facto, beneficiada por el inmenso e impune comercio de cocaína. «Refinan el producto y lo envían al extranjero». Algunas fuentes sostienen que el asalto a la televisión fue una estratagema de dicho caudillo, huido de un penal 24 horas antes, para forzar conversaciones y un acuerdo con el gobierno que le otorgue inmunidad. El ataque al canal coincidió con motines en otras seis penitenciarias.

La miseria, a juicio del religioso, justifica esta atmósfera convulsa. «Guayaquil es una población construida por inmigrantes que han invadido parcelas y construido sus propias casas, que viven en condiciones infrahumanas y sin derechos laborales», lamenta. «El salario mínimo es de 400 euros, pero las chicas del servicio doméstico cobran la mitad por jornadas de 8 o 10 horas».

Tal caldo de cultivo ha facilitado el reclutamiento y la expansión de las pandillas por todo Ecuador, así como una guerra interna por el control territorial. Los Choneros disputan la primacía con los Tiguerones, procedentes de la provincia de Esmeraldas y mayoría negra, y los Lobos, originarios de Quito, aunque se calcula que hay una veintena de formaciones con gran dimensión.

El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en agosto pasado dio a conocer el problema fuera de sus fronteras. Había sido amenazado por las bandas. «El problema ha llegado tarde a Ecuador porque aquí no hubo guerrillas, germen habitual de esta delincuencia, pero ha llegado y es muy difícil de erradicar». La tasa de homicidios ha aumentado un 300% en los últimos siete años y, antes de la proclamación del estado de excepción, se contabilizaban 21 asesinatos diarios.

El desmantelamiento del Estado ha acentuado el drama, a juicio de la economista y antropóloga Isabel Matilla. «Este país tiene una de las mejores Constituciones del mundo, pero se trata de leyes fantasma, porque se opera de otra manera. Hablamos de un poder patronal controlado por los grandes terratenientes del banano o el cacao», indica. A veces, algunos problemas tienen ramificaciones inquietantemente positivas. Las arcas públicas se han nutrido de las regalías del petróleo, pero los pozos se están agotando y la esperanza procede de la región de Yasuní, dotada de ecosistemas privilegiados. «Se celebró un referéndum para preguntar si se podía seguir explotando sus yacimientos ante el riesgo medioambiental», recuerda. «El pueblo dijo que no, pero, este estado de emergencia, que habla de conflicto armado interno, permite prolongar la extracción».

Su docencia en la Universidad Politécnica de Manabí, uno de los epicentros de los tráficos ilegales, ha resultado perjudicada tanto por la desidia gubernamental como por el imperio de las bandas. «El presupuesto es cero, no tiene ni para papel. La Administración debe los sueldos de noviembre y diciembre, y las becas, necesarias para que los alumnos paguen a sus caseros», apunta. Además, señala, los estudiantes se niegan a acudir al aula con ordenadores y teléfonos móviles ante el riesgo de ser asaltados. «Y no podemos exigirles porque el hambre reduce el rendimiento académico. Aquí se celebra una rifa para arreglar el techo de una escuela. No hay Estado, no hay inversión pública, no tienes donde acudir, sólo te salvan tu dinero y tus influencias».

Los puertos de Guayaquil, Manta y Bahía de Caráquez sufren altos niveles de violencia, con enfrentamientos y frecuentes asesinatos por encargo atribuidos a sicarios. «El anterior presidente Guillermo Lasso permitió la tenencia de armas», alega. «Los cargamentos ilegales entran por aduanas sin escáner, se conducen por carretera a la costa y son enviados a Norteamérica o Europa en contenedores». Cuenta que una reunión con campesinos fue interrumpida por el aviso de que había un camión volcado que había desparramado una considerable partida de yuca. «Nos dijeron que la mercancía valía más de 3.000 dólares, pero a los propietarios no les interesaba porque lo que realmente transportaban era droga».

María Jesús Pérez ha impulsado la Fundación Maquita, que fomenta el asociacionismo en el sector campesino, la producción sostenible y el comercio justo, y que en España cuenta con el apoyo de la ONG Manos Unidas. Su labor resulta entorpecida por el control que ejerce el crimen organizado sobre diferentes áreas. «No podemos entrar en las zonas críticas y los líderes comunales tienen que desplazarse a lugares seguros donde entregan la producción y les capacitamos y dotamos de insumos». Dotar de oportunidades a los jóvenes y depurar la justicia son requisitos indispensables para frenar la delincuencia. «No queremos ser otro El Salvador, aunque el presidente Noboa ya ha prometido la construcción de dos cárceles de seguridad».

El plan gubernamental para luchar contra la violencia también es rechazado por Matilla, que destaca puntos tan impopulares como el fin del subsidio al combustible, la subida impositiva o privatizar todas las empresas rentables. «Es un buen momento para el gran capital», advierte. A los demás les queda el temor. El país vivió en 2000 el trauma provocado por la dolarización que, de la noche a la mañana, empobreció a la clase media y provocó una enorme oleada de emigrantes. Pero sólo fue el principio en una sucesión de sobresaltos. «Hemos pasado del miedo provocado por el terremoto de 2016 y sus réplicas, al provocado por la pandemia y, ahora, a que te violen o extorsionen».