Diana Salazar, la 'dama de hierro' de Ecuador

El mismo grupo que asesinó a Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia pocos días antes de la celebración de las elecciones del pasado octubre, ha sido contratado para acallar la voz de esta fiscal. «Lo digo con nombre y apellido. Ahora sí, vengan a asesinarme». Así de desafiante se expresó ella en una audiencia en la que pedía prisión para ocho nuevos implicados en el caso que ha llamado 'Metástasis'. ¿Quién dijo miedo? Podría preguntarse cualquiera sobre esta ciudadana afroecuatoriana nacida en Imbabura, la provincia de los lagos. Allí está el de Yahuarcocha, conocido como el lago de sangre, porque los incas masacraron allí a los indígenas para arrebatarles las tierras en el siglo XV.

Salazar tiene un tuit fijado desde el pasado 14 de diciembre que dice: «Cuando se unen la corrupción y el narcotráfico, tenemos un verdadero cáncer en la sociedad. Este caso nos recuerda que no podemos darnos por vencidos y que entre todos podemos rescatar al país de las manos de la criminalidad. ¡No permitiremos la impunidad!».

La jurista acababa de desplegar el operativo más grande en la historia de Ecuador contra la corrupción y el narcotráfico. Había realizado más de 75 allanamientos y puesto bajo investigación a más de 30 personas en siete provincias de las 24 que tiene el país. Para ello necesitó de un grupo de 900 personas entre equipos fiscales y policías. Estaba impulsando una operación contra toda la podredumbre instalada en su nación. Y les dijo a los ecuatorianos que se trataba de una estructura criminal vinculada al narcotráfico que se había incrustado en todos los niveles del Estado, y con dinero ilegal, oro, mujeres o vivienda pretendían obtener impunidad de sus delitos.

El cáncer delictivo se había extendido y había salpicado a autoridades judiciales, funcionarios de la policía, políticos y abogados. No tendría otra opción que poner mano dura y atacar a fondo la gravedad de una situación que ha metido el miedo en el cuerpo de los ecuatorianos. Formuló cargos contra todos los presuntos corruptos, entre ellos un exjuez de la Corte Nacional de Justicia, que entonces ostentaba el cargo de Presidente del Consejo de la Judicatura, y un exfuncionario de la Corte Nacional de Justicia, que ahora era Director Provincial de la Judicatura. Salazar advirtió que a partir de entonces vendría una ola de violencia en el país. No se equivocó. Fue un fin de año sangriento, con más de 8.000 asesinatos, fruto de la guerra entre bandas de narcos y atribuidos también a la delincuencia común. Y en Año Nuevo, la sangre siguió corriendo por Quito, Esmeraldas, Guayaquil y otras provincias.

El nuevo presidente, Daniel Noboa, con apenas cinco meses en el cargo, tuvo que adoptar una medida excepcional. Decretó un conflicto armado interno, en los colegios fueron suspendidas las clases presenciales y los comercios modificaron sus horarios. Algunos bandidos no se amedrentaron. Aparecieron en las universidades y hasta en un programa de televisión con fusiles y granadas. Y poco después asesinaron al fiscal de Guayas, César Suárez, que había comenzado a investigar estos últimos hechos.

El miedo invadió todo el país hasta el punto que para afrontar la inseguridad, Noboa solicitó cooperación al gobierno de Estados Unidos, que ya ha facilitado a las autoridades ecuatorianas más de 20.000 chalecos antibalas y ha garantizado reforzar con personal del FBI a la Policía Nacional y a la Fiscalía General del Ecuador. Producto también del proceso abierto por Salazar, hace unas semanas el ejecutivo ecuatoriano efectuó por primera vez el mayor decomiso de droga. Veinte toneladas valoradas en 1.000 millones de dólares en el mercado negro. Todo un golpe a la mafia del narco.

Hay quien cree que la fiscal tiene hoy en día tanto o más poder que el presidente. Apenas aparece en público y cuando lo hace lleva un chaleco antibalas y fuerte protección policial. Cuenta con el apoyo popular, de los medios de comunicación y muchos empresarios. Además, su independencia está fuera de toda duda. Se lo ha ganado a pulso. Ocupa la Fiscalía General desde abril de 2019, aunque fue nombrada fiscal en 2011, y cinco años más tarde ya dirigió la unidad de lucha contra la corrupción. Logró que el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Chiriboga Acosta, fuera sentenciado a diez años de prisión. Y participó en la investigación del caso Odebrecht, que terminó con el exvicepresidente Jorge Glas condenado a seis años de cárcel.

Pero su mayor reconocimiento llegó en 2019, cuando procesó al presidente Rafael Correa por sobornos a cambio de contratos con el Estado. Un tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia le condenó a ocho años de prisión por el delito de cohecho. Hoy Correa continúa prófugo de la justicia, exiliado en Bélgica, desde donde suele poner en duda la honestidad e independencia de Salazar. «Pierdan el miedo. Todos saben que la fiscal del Estado es una gran farsante, protegida por las élites, Estados Unidos y la prensa corrupta. Llegó con trampa, pero es su forma de vida, siendo una de las grandes causantes de la tragedia que vivimos», lanzó recientemente en las redes sociales». Ella, fiel a su carácter, contestó de inmediato: «Si un prófugo de la justicia aúpa a un funcionario que aboga por sus compañeros procesados en 'Metástasis', queda claro quién está detrás y cuáles son sus intenciones. Creo que no queda más que decir».