El Congreso de EE UU promete frenar una invasión de Venezuela

Así de irredento es el espectro de los 80 que la administración de Donald Trump ha rescatado de su feliz destierro político a los 71 años para ponerle al frente de la política con Venezuela. Este miércoles, en su primera comparecencia ante el Congreso, dos semanas después de aceptar el cargo de enviado especial, confrontó las críticas de los legisladores y aseguró que no hay en marcha ningún movimiento de tropas a Venezuela ni a ningún país colindante «del que tenga conocimiento».

Los legisladores del Comité de Asuntos Exteriores no le creyeron. En 1991 se declaró culpable de haber mentido en dos ocasiones bajo juramento en esa misma cámara cuando era asistente del secretario de Estado en el gobierno de Reagan, donde armó a la contra nicaragüense y financió los escuadrones de la muerte con el dinero que obtenía de vender armas a Irán, en violación del embargo. Abrams ha estado en el centro de las políticas más turbias de EE UU en Latinoamérica e Irak. Fueron muchos los legisladores que este miércoles se preguntaron en voz alta por qué han de creerle ahora y cómo su nombramiento desacredita los esfuerzos del gobierno y alimenta el discurso de Nicolás Maduro sobre una intervención estadounidense.

Ante su palabra hueca, los legisladores prometieron que si el gobierno de Trump hace buenas sus amenazas de intervención militar en Venezuela sin consultarles, invocarán el artículo 1 de la Constitución, tantas veces violado, que les confiere en exclusiva el poder de declarar la guerra a otro país. Para atar mejor las cosas, el representante David Cicilline ha introducido una propuesta de ley que prohíbe específicamente el uso de la fuerza militar en Venezuela sin autorización del Congreso. Esa «traición al pueblo americano» sería «ilegal, inapropiada y temeraria», advirtió.

En la Casa Blanca, donde Donald Trump recibió este miércoles al presidente colombiano Iván Duque, el mandatario se negó a decir si está planeando enviar tropas a Venezuela. «Ya lo veréis», zanjó, después de advertir a Maduro de que «está cometiendo un terrible error» al no dejar pasar la ayuda humanitaria. «Puede obstruir un puente, pero no todos», amenazó.

Su asesor intentó quitar hierro a la amenaza en el Congreso al asegurar que la opción de la fuerza sobre la mesa: «Es una posición que siempre tomamos». Y concordó en que no le corresponde a EE UU designar al nuevo presidente. Como prueba de que lo que ocurre no es sólo un asunto del país norteamericano, celebró a las 51 naciones que han reconocido al autoproclamado Juan Guaidó «en contra de sus prácticas habituales» «¡Es extraordinario!», se regocijó. «Hablamos con ellos todos los días». Sin embargo, no pudo señalar una sola que comparta con ellos la opción de la fuerza. «Bueno, nosotros somos los únicos que estamos en posición de utilizarla», justificó.

Como parte de ese déjà vu que protagoniza, los periódicos del grupo McClatchy han conectado a la compañía de cargo aéreo de Carolina del Norte 21 Air a un posible tráfico ilícito de armas entre Miami y la ciudad venezolana de Valencia. Nadie en EE UU admite conocer el contenido de esas avionetas que según Abrams «simple y categóricamente no contenían armas», como asegura el gobierno de Maduro, pero los vuelos terminaron abruptamente una vez que la prensa los hizo públicos. Desde el día siguiente a que Maduro jurase mandato el 11 de enero, un Boeing 767 volaba dos veces al día desde Miami a varios lugares de Venezuela y zonas fronterizas de Colombia. Según McClatchy, el presidente de esa compañía Adolfo Moreno y otro de sus empleados tienen lazos con Gemini Air Cargo, que estuvo involucrada en el programa de la CIA para detenciones extrajudiciales en otros países durante el gobierno de George W. Bush. Las cloacas de EE UU en Latinoamérica y en el mundo vuelven a ver la luz.