Trump golpea la tradición de asilo de EE UU

Antes de marcharse a París el presidente firmó una orden ejecutiva que suspende los derechos de miles de los inmigrantes a pedir asilo al descalificar de antemano las solicitudes de asilo de todos aquellos que hayan cruzado o crucen el Río Bravo por un punto ciego. Con ello se acaba de un plumazo con cuatro décadas de políticas expresamente contempladas por el Congreso para estudiar las solicitudes de cualquier extranjero que tema por su vida y se encuentre «físicamente presente en EE UU», dice la Ley para el Refugiado de 1980. En ella se especificaba «tanto si llega o no por un puerto designado para la entrada».

El contencioso que presenta la última directiva del presidente acabará, como tantas otras, en los tribunales, donde Trump ha colocado más jueces en los tribunales de apelaciones que ningún otro mandatario estadounidense en los primeros dos años. Además, ha nombrado a dos magistrados del Supremo que inclinan el balance hacia el lado conservador.

En la primera directiva que firma Matthew Whitaker como secretario de Justicia en funciones, los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional sostienen que «demasiadas peticiones de asilo sin mérito» suponen una carga en los recursos del Gobierno que le impide procesar «expeditamente» las peticio- nes de aquellos que «de verdad la merecen». En realidad, la decisión de forzar a todos los solicitantes a presentar su caso en un puerto de entrada colapsará aún más esos puestos fronterizos que en el último año procesan las solicitudes con una pasmosa lentitud y registran 1,1 millón menos que el año anterior.

La caravana que sirve como excusa para esta última vuelta de tuerca que da el presidente a las leyes de migración se encuentra aún en la Ciudad de México, a 5.500 kilómetros de Tijuana. Un buen número de los aproximadamente 5.000 integrantes que llegaron a la capital inició este viernes el peligroso trayecto hacia el norte que cruza tierra de narcos, mientras otros se quedaron en un estadio cercano al aeropuerto de a la espera de los prometidos autobuses que, una vez más, no aparecieron.

Si llegaran hasta la frontera la mitad de los que lograron descansar en la Ciudad de México apenas añadirían un par de miles de solicitudes a un sistema que ya tiene en lista de deportación a más de un millón de personas. O sea, una gota en un océano de necesitados atrapados por la burocracia y las leyes internacionales. La organización de ayuda a los inmigrantes Nexus ya demandó al presidente por enviar 5.200 efectivos militares a bloquear su entrada, que, según Trump, pueden ser hasta 15.000 -más que en Irak, Afganistán y Siria juntos-. Le seguirá la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que ha anunciado su intención de impedir que el presidente «reescriba» una ley que «es muy clara».