El 'caso Cameron' ilumina la puerta giratoria entre lo público y lo privado

La polémica comenzó en marzo con el colapso de Greensill Capital, empresa de factoraje creada por el australiano Lex Greensill. El negocio consiste en adelantar el pago de facturas con un descuento, que es el ingreso de la empresa mientras recupera del acreedor el montante de la factura. La financiera creció mediante la elaboración de paquetes de inversión con las deudas contraídas.

El banco Credit Suisse y el fondo de inversión Softbank fueron atrapados, entre otros, por el colapso. Días después, se desveló que Cameron envió mensajes al actual ministro de Hacienda, Rishi Sunak, y a secretarios de Estado para que dieran a Greensill préstamos favorables, en el contexto de las ayudas públicas a compañías afectadas por la pandemia.

Se descubrió que Lex Greensill trabajó como asesor de Cameron, intentando convencer a ministerios de la conveniencia de convertirse en clientes de su empresa. Los beneficios del factoraje para organismos del Estado que se financian por la vía del Tesoro son discutibles y las revelaciones sobre la infiltración de Greensill en la administración y sus conexiones con políticos y funcionarios han causado sorpresa.

Francis Maude, un exministro del Gabinete concentrado en la reforma del funcionariado, contrató como director comercial a un contable, Bill Crothers, con responsabilidad para el aprovisionamiento. Maude sigue impulsando la reforma bajo Johnson, a pesar de que tiene una consultora privada, que creó junto a una de las principales colaboradoras actuales del primer ministro.

Se ha descubierto que Crothers, también empleado en su día por la consultora de Maude, se convirtió en asesor de Greensill cuando aún era director comercial del Ministerio, y que se unió a la compañía tras dejar el funcionariado. Como ya trabajaba para la empresa, no estaba obligado a pedir autorización al órgano de vigilancia de las incompatibilidades de funcionarios cesantes.

Copita y nómina

«No he visto antes nada igual», afirmó este jueves lord Eric Pickles al Comité de Administración Pública y Asuntos Constitucionales de la Cámara de los Comunes. Picles, exministro conservador, preside el Comité Asesor de Nombramientos Comerciales(ACOBA), creado precisamente para que «la puerta giratoria» entre el sector público y el privado no provoque conflictos de interés.

Pickles reveló al comité que, de los 34.000 funcionarios que dejaron la administración pública el pasado año, solo 108 consultaron con su comité sobre posible incompatibilidad con su nuevo empleo. La incorporación de directivos y asesores del sector privado y la reducción de las pensiones a los funcionarios- que compensaban sus salarios, relativamente bajos- habría fomentado un ambiente menos respetuoso de la separación entre el interés público y el privado.

El jefe de Gabinete de Johnson, Simon Case, demandó el miércoles en una tensa reunión con el Ministerio del Gabinete que todos los funcionarios declaren sus segundos empleos. Y el primer ministro ha encomendado a un abogado que investigue las relaciones de Greensill con la administración y las gestiones de Cameron. Tiene que presentar un informe en junio.

El exprimer ministro ha reconocido errores, como enviar mensajes telefónicos de texto a ministros en lugar de una carta más formal, pero afirma que no hizo nada irregular. Tampoco sería impropio que coordinase una cita informal de Lex Greensill con el ministro de Sanidad, Matt Hancock, para gestionar la nómina de los empleados del servicio nacional de salud, con beneficios sustanciales para Cameron si la empresa no hubiese quebrado.

Dos comités del Parlamento han abierto sendas investigaciones. Anteriores escándalos llevaron a la creación de mecanismos de registro de reuniones de los ministros, que dan más transparencia a las actividades de los grupos de presión, o a los ingresos adicionales y regalos que reciben los disputados.