Assange aguarda en prisión la decisión sobre su vida y su futuro

Assange está preso en la cárcel londinense de máxima seguridad de Belmarsh desde abril de 2019, cuando el Gobierno de Lenín Moreno le retiró la condición de refugiado y agentes de Scotland Yard le sacaron a la fuerza de la embajada de Ecuador. Cumplió 50 años el pasado julio y lleva casi una década confinado en espacios cerrados. «Su situación es durísima», afirma el abogado Aitor Martínez Jiménez, quien asistió al juicio de apelación. «Estuvo presente unos pocos minutos, por videoconferencia, y se le vio extremadamente delgado, deteriorado y prácticamente recostado sobre una mesa sin fuerzas para mantenerse erguido. En la segunda sesión ni siquiera pudo llegar a la sala de videolink», explica a este diario.

La administración de Joe Biden tomó el relevo del proceso y reactivó el recurso contra la sentencia de la corte de Westminster, que el pasado enero bloqueó la entrega debido al riesgo «substancial» de que Assange se suicide en una cárcel estadounidense. James Lewis, representante legal de EE UU, argumentó que la magistrada Vanessa Baraitser «erró» en su evaluación de la severidad de la salud mental del reclamado y explicó que «garantías diplomáticas» ofrecidas ahora por Washington mitigan, en todo caso, el peligro de que la muerte anunciada se haga realidad.

«Estados Unidos ha violado repetida y sistemáticamente las garantías diplomáticas en el marco de extradiciones con múltiples países europeos. Se han recopilado multitud de casos en los que EE UU se obligó mediante garantías diplomáticas y, una vez entregada esa persona, incumplió esas garantías», subraya Martínez. Ante los jueces británicos se mencionó el caso de David Mendoza Herrarte, que culminó en una condena del Gobierno español por parte del Supremo «por no haber podido conseguir que EE UU cumpliera con la garantía diplomática otorgada a su ciudadano», según el letrado.

Martínez forma parte del equipo legal del australiano y dirige la investigación de la Audiencia Nacional española que está destapando pruebas del intenso espionaje al que fueron sujetos Assange y su entorno, desde asesores legales y médicos a su novia e hijos. Testimonios de esta pesquisa resonaron esta semana en el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales para rebatir puntos esenciales de los argumentos de los apelantes.

Se esgrimieron, en concreto, para justificar el «dilema ético» que afrontó el principal testigo médico de la defensa, el neurosiquiatra Michael Kopelman, al redactar su evaluación preliminar sobre la salud de Assange. El profesor emérito del King´s College no mencionó, en su primer informe, los dos hijos que tuvo con Moris durante su confinamiento en la Embajada a fin de proteger la «seguridad y el bienestar» de la familia. El abogado Edward Fitzgerald subrayó que la magistrada de primera instancia ha reconocido que la omisión fue «engañosa e improcedente, aunque una respuesta comprensiblemente humana a la difícil situación de Moris».

Fitzgerald se refirió a testimonios del caso español sobre «extremas medidas de vigilancia contra Assange, el seguimiento de Stella Moris y sus niños, discusiones sobre secuestrarle o envenenarle». Ella misma ha hablado del pánico que pasó al sentirse «en la diana» de «mercenarios» con «planes y esquejes» para «asesinar en Londres» al fundador de WikiLeaks, quien está acusado de pirateo informático y de infringir la ley de espionaje por publicar documentos confidenciales. Para entonces ya se había cambiado legalmente de identidad y solo para su familia seguía siendo Sara González Devant. «Sería impensable que un juzgado de Reino Unido pueda extraditar a un periodista al país que ha conspirado para asesinarle», protestó ante el Tribunal Superior. La decisión de los jueces se espera antes de final de año.