Yoon Suk-yeol culmina el deterioro de la democracia en Corea del Sur

Parecía difícil que alguien pudiera superar las multitudinarias manifestaciones que desató el rechazo social a la hija del dictador Park Chung-hee, quien fue condenada a 32 años de cárcel en 2018 e indultada por «motivos humanitarios» por el presidente Moon en diciembre de 2021. Pero Yoon Suk-yeol lo ha conseguido con su desproporcionada declaración de la ley marcial, abortada por la movilización popular y del Parlamento.

Y eso que antes que él hubo otros presidentes de amargo recuerdo, como Lee Myung-bak, condenado a 15 años de cárcel por corrupción en 2018 e indultado por el propio Yoon en 2022. O figuras que gozaron de enorme popularidad, como Roh Moo-hyun, pero cuyo legado quedó enturbiado luego por una acusación de soborno que le llevó a suicidarse en 2009.

Sin embargo, nada ha hecho más daño a la democracia de Corea del Sur que la torpe decisión de Yoon Suk-yeol de intentar implantar la ley marcial en uno de los países más desarrollados y cívicos. Tras ganar las elecciones de 2022 por un estrecho margen y con una de las campañas más broncas que se recuerdan, este antiguo fiscal quería solucionar así sus enfrentamientos con la oposición y, de paso, acallar a la prensa para evitar los escándalos que acosan a su esposa. Con tan drástica medida, Yoon ha escrito una de las páginas más deshonrosas de la democracia en este país, amenazándolo con devolverlo a los años de la dictadura.

Aunque Yoon había justificado la ley marcial acusando a la oposición de estar al servicio de Corea del Norte, tras su decisión se esconde no solo un problema político, sino también una cuestión económica que le afecta directamente porque le ha recortado sus propios fondos reservados del Gobierno. En concreto, se trata del presupuesto reducido para 2025 que la oposición consiguió aprobar la semana pasada en un comité parlamentario aprovechando su mayoría de diputados.

Según informa la agencia de noticias Yonhap, su monto final asciende a 677,4 billones de wones (452.000 millones de euros), lo que supone una rebaja de 4,1 billones (2.740 millones de euros) con respecto al presupuesto planeado inicialmente por el Ejecutivo. Dichos recortes se centraban en la totalidad de los fondos asignados para «actividades especiales» de la secretaría de la oficina presidencial y la oficina de seguridad nacional, así como de la Fiscalía, la junta de auditoría y la Policía.

En medio de un tenso debate parlamentario, la oposición argumentaba que dichas agencias no habían justificado sus gastos en el pasado, pero el Gobierno y el Partido del Poder del Pueblo sostenían que debían ser confidenciales para garantizar su funcionamiento. Además, el presupuesto enmendado redujo a la mitad el fondo de reserva del Ejecutivo: de 4,8 billones de wones (3.266 millones de euros) a 2,4 billones de (1.633 millones de euros).

El ministro de Economía y Finanzas, Choi Sang-mok, acusó a los opositores de politizar el presupuesto. «El mundo está librando una guerra sin disparos, pero la oposición está tomando el presupuesto como rehén de la lucha política, privando a nuestras empresas de los recursos esenciales que necesitan», denunció Choi, según recoge Yonhap. Además, culpó de estos recortes a las fuerzas de seguridad, por el aumento durante los tres últimos años de los delitos relacionados con las drogas, que se han multiplicado por 1,5, y de los vídeos falsos, que se han quintuplicado. Por ese motivo, aseguró que rebajar todo el dinero destinado a investigaciones confidenciales planteaba «serias preocupaciones sobre la capacidad para responder a tales delitos».

Ese fue uno de los argumentos que el presidente Yoon esgrimió para justificar su ley marcial, que preveía prohibir las libertades políticas y silenciar a la prensa. Pero el mandatario, que había brillado años atrás como implacable fiscal contra la corrupción y logró las condenas contra Park Geun-hye y Lee Myung-bak, está hoy envuelto en los escándalos que salpican a su esposa.

Kim Keon-hee, de 52 años y casada con el mandatario surcoreano desde 2012, dirige una empresa de exposiciones de arte y ejerce como la primera dama desde que su marido ganó las elecciones en marzo de 2022. Pero tres años antes ya había copado los titulares de los periódicos por presunta evasión de impuestos y ha sido investigada por aceptar sobornos para celebrar exhibiciones artísticas. Desde 2019 colea una acusación por manipular en la Bolsa el precio de las acciones de una compañía de importación de automóviles, Deutsch Motors.

Aunque otros imputados en el caso han sido condenados, Kim fue exculpada por los excompañeros de su marido en el departamento de Justicia, lo que provocó las críticas de la oposición y sus mociones para destituir al fiscal general y otros altos cargos de la Administración. La semana pasada, Yoon vetó una proposición en el Parlamento para investigar la manipulación del precio de las acciones bursátiles.

Pero de lo que no pudo escaparse la mujer del presidente fue de que, en septiembre de 2022, la grabaran con cámara oculta aceptando un bolso de Dior valorado en tres millones de wones (2.000 euros). Un escándalo que enfureció a la opinión pública porque supera el límite de 700 euros que los cargos públicos y sus esposas tienen para recibir regalos.

Además, ha sido acusada de inflar su currículum y de plagiar su tesis doctoral y, aunque fue absuelta por su universidad tras una investigación de ocho meses, 16 profesores encontraron «pruebas indiscutibles», según recogió el periódico 'Korea Times'. Todo ello ha hecho que su popularidad y la de su esposa se hayan hundido por debajo del 20% y parece estar detrás de la decisión del mandatario de declarar la ley marcial, que le costará su carrera política y tendrá consecuencias penales. A pesar de su pasado como fiscal especializado contra la corrupción, Yoon Suk-yeol ha culminado el deterioro de la democracia surcoreana.