Los verdugos regresan a Sri Lanka

El diario esrilanqués 'Daily News' señaló que más de un centenar de personas -entre ellas dos estadounidenses y dos mujeres- se mostraron dispuestos a convertirse en funcionarios de la parca a sueldo del Gobierno de Colombo (capital del país). El Departamento de Prisiones, que exigía «excelente carácter moral» y fortaleza mental», aceptó 26 candidaturas de varones entre 18 y 45 años. Quienes superaron la primera criba iniciaron el proceso de «entrenamiento». Tras este trámite, fueron dos los aspirantes seleccionados. Ambos pasaron un examen de letal capacitación y fueron contratados.

La prisión de Welikada será el centro de trabajo de estos verdugos que, en nombre del Estado, deberán acabar con la vida de cuatro semejantes. Unos reos sin fecha de ejecución pero con las horas contadas desde que el presidente del país asiático, Maithripala Sirisena, firmara la semana pasada sus condenas a muerte y defendiera públicamente su decisión.

El mandatario sostuvo que la pena máxima debe aplicarse «para proteger el futuro del país», «luchar contra el tráfico de drogas» y «salvar a la nación y a las futuras generaciones de una catástrofe social». Elegido en 2015 con un programa reformista, el político no ha cumplido, obviamente, con sus promesas de acabar con las violaciones de los derechos humanos, eliminar la corrupción y garantizar la gobernabilidad en un país con una violenta historia reciente, que soportó una larga guerra civil y el doble zarpazo terrorista.

Una grave crisis política cuestionó el año pasado la autoridad del mandatario. La contestación y las críticas arreciaron tras su desafortunada gestión del atentado del Domingo de Pascua en el que murieron más de 250 personas y que reivindicó el Estado Islámico. Acabando con 43 años de la moratoria de la pena capital, un Sirisena en horas bajas busca ganar oxígeno y popularidad con una medida bien vista por algunos sectores de la sociedad esrilanquesa. Varios líderes religiosos han clamado por la restauración de la pena de muerte, mientras que Amnistía Internacional y los defensores de los derechos humanos reiteran la ineficacia de la medida.

La política de mano dura de Siresena se inspira en la de Rodrigo Duterte, populista y dictatorial presidente de Filipinas embarcado en una «guerra contra las drogas» que se ha cobrado la vida de miles de personas ejecutadas sin juicio en operaciones de las fuerzas de seguridad.