Temor entre los activistas de Hong Kong a la nueva Ley de Seguridad

«Que se utilice a Hong Kong para infiltrar y sabotear a China sobrepasa todas las líneas rojas. Es totalmente intolerable», justificó Wang Chen, vicepresidente del Comité Permanente de la APN. «Castigar a una minoría que daña la seguridad nacional es ofrecer mayor protección a la mayoría de la población de Hong Kong, así como salvaguardar sus derechos y libertades básicas», añadió, en clara referencia a las manifestaciones anticomunistas que han incendiado el centro financiero desde hace casi un año.

Los activistas, sin embargo, consideran que la ley logrará exactamente lo contrario. «Este nuevo mecanismo permite a Pekín imponer sus draconianas medidas en Hong Kong sin que exista ningún escrutinio legislativo», criticó Joshua Wong en Twitter, donde también hizo un llamamiento a Donald Trump para que Estados Unidos haga valer la ley que firmó el pasado mes de noviembre, que le permite sancionar a los políticos chinos que atenten contra las libertades de los ciudadanos de Hong Kong. «No nos vamos a amedrentar y continuaremos desvelando el autoritarismo chino», sentenció Wong.

Muchos otros consideran que la ley propuesta por Pekín atenta contra el principio 'un país, dos sistemas', que China acordó con el Reino Unido para respetar las particularidades de Hong Kong tras su devolución, en 1997. «Si China ni siquiera puede honrar los términos más básicos del acuerdo internacional más importante que ha firmado desde la década de 1970, el mundo debería reflexionar sobre si el país es de fiar», disparó Peter Dahlin, director de la ONG Safeguard Defenders. Muchos temen que la ley sea utilizada para recortar libertades como la de prensa o incluso el acceso a redes sociales internacionales.

Entre los aspectos más polémicos de la propuesta de ley está que las agencias de seguridad del Estado podrán establecerse en la ciudad para implementar la ley y que el gobierno autonómico deberá crear un mecanismo en la misma dirección. Además, esta ley añadida en el Anexo III no significa que el Parlamento se libre de aprobar también su propia normativa para salvaguardar la seguridad nacional. Ya lo intentó anteriormente y en 2003 tuvo que dar marcha atrás por el multitudinario rechazo popular. Todo apunta a que, ahora, esta decisión incendiará aún más los ánimos.