Singapur ejecuta a un preso acusado de traficar un kilo de marihuana

Tangaraju, que es el primer ejecutado en 2023 en la ciudad-Estado, fue arrestado en 2014 por «ser cómplice en una conspiración para traficar» cannabis desde Malasia a Singapur un año antes. Aunque sus abogados aseguran que el acusado nunca vio o tocó las drogas, fue implicado por el contenido hallado en dos móviles que supuestamente le pertenecían y que habría usado para coordinar la entrega de los narcóticos, afirma la Fiscalía.

Tres años después fue sentenciado a la pena capital y hace una semana se conoció que este miércoles sería el día de su muerte. El singapurense, de origen tamil, fue llevado a la horca a las 6:00 (hora local) en la prisión isleña de Changi, ha confirmado Kokila Annamalai, portavoz de la ONG Transformative Justice Collective.

«Appu», como le llamaban sus allegados, era consumidor de marihuana desde la adolescencia. Además, pasó su juventud entrando y saliendo de centros de menores y de la cárcel. Pero la última vez que estuvo bajo libertad condicional, se negó a presentarse a un control de drogas al que había sido llamado. Esto motivó su detención e implicación en el actual caso.

Ante la oleada de rechazo de sus familiares y los defensores de derechos humanos por echar en falta un juicio justo, el Ministerio de Interior del país respondió que la culpabilidad del reo había sido demostrada «más allá de cualquier duda razonable». Sin embargo, las únicas pruebas que estarían en los móviles no fueron presentadas ante la Justicia.

El perdón presidencial hubiera bastado para que Tangaraju eludiera la muerte —no se ha concedido uno desde 1998—. Sus últimos días permaneció «algo confuso, pero con fe», ha aclado su hermana Leela a medios locales. En principio, se había negado a tomarse las fotos que la prisión prepara antes de las ejecuciones, pero al final accedió para que su familia tuviese un «recuerdo» de él. De hecho, su madre, que permanece en un centro para mayores, no había podido visitarlo y hasta un día antes de la muerte, aún no sabía que su hijo iba a ser ahorcado.

Los 1.017,9 gramos de marihuana, el doble del volumen mínimo necesario para la pena capital en Singapur, del caso de Tangaraju han revelado la crudeza de las leyes del país. Mientras los países vecinos, entre ellos Tailandia, regulan el consumo de cannabis, el país asiático cerca cada vez más el uso de las drogas.

La ciudad-Estado, de seis millones de habitantes y que apenas lleva cincuenta años como nación independiente, tiene una de las leyes antinarcóticos más draconianas del mundo. Si las autoridades ya ejercen una fuerte persecución a los consumidores y vendedores de tabaco, los castigos contra el narcotráfico son tildados de «extremadamente crueles» y de «una violación de los derechos humanos», según Amnistía Internacional.

La isla fija en 15 gramos de heroína para importar o exportar el mínimo para aplicar la pena capital, y en 500 gramos si se trata de cannabis. Asimismo, las autoridades defiende la pena de muerte como un «componente esencial» de su sistema judicial y un disuasivo «efectivo» ante el narcotráfico. Pero este método para frenar el consumo de drogas ha sido condenado por terceros países.

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, había urgido el martes a las autoridades singapurenses a que detuvieran la ejecución de Tangaraju ante las dudas sobre si el proceso tuvo las necesarias garantías. Las peticiones no fueron escuchadas. Al igual que las solicitudes de la delegación de la Unión Europea en Singapur.

El ahorcamiento de «Appu» es el primero en seis meses en el país y el duodécimo desde marzo de 2022. El caso de un preso malasio con discapacidad intelectual arrestado y ejecutado por traficar 42 gramos de heroína en abril del anterior año, revivió la polémica tras un paréntesis de más de dos años por la pandemia, cuando las autoridades frenaron las ejecuciones mientras el corredor de la muerte acumulaba reos sentenciados.