Secuestros de niños, la pesadilla de Japón

Esta normativa tiene un efecto secundario: es perfectamente legal impedirle al progenitor que no tiene la custodia que vea o se comunique con su descendiente. De hecho, no existe el concepto de 'secuestro parental' en Japón, algo que convierte al país del Sol Naciente en uno de los que más lo sufre.

Según diferentes asociaciones, el número de niños y niñas que han visto cercenado su derecho a disfrutar de la compañía de sus dos progenitores desde 1991 supera los tres millones, en torno al 20% del total. Aunque son cifras difícilmente verificables porque no existen estadísticas oficiales sobre este tipo de conflictos, lo cierto es que incluso el Comité de Naciones Unidas para los Derechos de la Infancia publicó en 2019 un documento en el que urgía a la «aceptación de la custodia compartida cuando sea en beneficio de los intereses del niño, incluido en el caso de padres extranjeros».

No en vano, aunque son los propios japoneses quienes más sufren esta situación, también hay cientos de extranjeros afectados por estos 'secuestros', y gobiernos como el británico advierten del riesgo. «La abducción de los hijos a manos de un progenitor no es un delito en Japón», escribe el Ministerio de Exteriores de Londres en su página web antes de recordar que, como sucede con el resto de países, no tiene capacidad para intervenir en estos casos. Francia sí que decidió emitir el año pasado una orden internacional de arresto contra la madre de los dos hijos de Vincent Fichot, un francés que protagonizó una huelga de hambre coincidiendo con la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio para tratar de recuperarlos. La iniciativa judicial la acusaba de poner en peligro a los menores. Pero ha sido en vano.

«Sucedió el 20 de agosto de 2018, dos semanas después de que le plantease el divorcio a mi mujer. Me levanté, desayuné y todo estaba en orden. Cuando regresé de trabajar, a las 6 de la tarde, la casa estaba vacía. Habían desaparecido los muebles, el coche, y, por supuesto, mis hijos», cuenta Fichot desde Japón.

A través del vídeo de una cámara que ha podido ver este periódico, confirmó que su mujer metió a la pequeña en el maletero, donde la dejó a pesar del intenso calor. «Cuando se lo conté, mi abogado me respondió que mi mujer había secuestrado a mis hijos y que no los volvería a ver nunca más. Porque, debido a las leyes de Japón, el primero que se lleva a los hijos es el que logra la custodia», sentencia.

Por lo menos hasta que cumplen la mayoría de edad. Porque entonces hay algunos que buscan a sus progenitores. Es el caso de Bambou, una joven de madre japonesa a la que se le impidió durante 14 años ver a su padre, también galo. Al cumplir la mayoría de edad, viajó a Francia y descubrió que su madre le había mentido sobre las razones del divorcio de sus padres.

«Me dijo que él no me quería», cuenta en un vídeo grabado por Fichot, quien se ha convertido en una de las voces más críticas con la legislación nipona. «De mi hijo sé que mide 129 centímetros, que cree que vivo en Hawai, y que me echa de menos; de mi hija me han dicho que mide 105 centímetros y que cree que estoy muerto», se lamenta Fichot, que ni siquiera sabe dónde viven.

A pesar de todo ello, a principios de mes un tribunal desestimó su petición de custodia. «El juez considera que no hay problema en cómo mi mujer cría a los niños, a pesar de la orden de arresto de Interpol y, aunque reconoce que ella impide que los vea, no considera que sea mala madre», explica Fichot, que está dispuesto a llevar el caso hasta el Tribunal Supremo de Japón a pesar de que ya ha gastado 250.000 euros en abogados y detectives. «Quiero sentar un precedente para que la situación cambie», añade, subrayando que incluso ha diseñado una aplicación, 'Find my Parent', para que los niños puedan encontrar a sus progenitores en cualquier parte del mundo.

Rafa, nombre ficticio de un español que lleva once años viviendo en Japón y dos litigando para que no le impidan ver a su hijo de 6, también conoce el infierno en el que se convierte cualquier batalla legal por la custodia de los menores en el país. «Todo comenzó cuando hace dos años recibí una oferta para trabajar como profesor en España», recuerda en una entrevista con este diario. «Mi pareja, con la que llevaba diez años y que a menudo me maltrataba, me amenazó con quitarme al niño con denuncias falsas. Y lo hizo», afirma.

Desde entonces, Rafa pleitea por la custodia que tiene ella de forma temporal, hasta que concluyan los trámites legales. Al igual que Fichot, no ha aceptado divorciarse -en Japón la ruptura debe ser consensuada- porque eso supondría perderla con seguridad. «Muchas tratan de provocar ese divorcio con denuncias falsas que se han convertido en un auténtico negocio para los despachos de abogados, pero no voy a claudicar», sentencia.

Y Fichot lo confirma: «Una grabación oculta con un letrado ha demostrado que incentivan el secuestro y las denuncias falsas. En ella, uno recomienda a la mujer tirarse por las escaleras antes de llamar a la Policía. Por el equivalente a 2.000 dólares, los bufetes prometen que el padre no volverá a ver a sus hijos. Y luego cobran entre el 10% y el 30% de la pensión alimenticia que pague».

El padre francés también denuncia que los propios jueces se lucran con esta situación. «Incluso cuando te otorgan el derecho a visita, este se reduce a dos horas al mes en un centro vigilado en el que solo se puede hablar japonés y en el que no se puede ni besar ni fotografiar a los hijos. Estos centros los llevan exjueces y cobran 120 euros por sesión», informa.

Comparado con Fichot, Rafa es un privilegiado porque tiene permiso para ver al niño los fines de semana. «Logré probar que era yo quien cuidaba de él, pero temo que los jueces fallen a su favor o que ella le haga algo gordo a nuestro hijo», añade, en referencia a los casos de violencia vicaria que también se han dado en el archipiélago.

Fichot comenta el temor de sus padres: «Creen que morirán sin volver a ver a sus nietos». Por eso, tanto el francés como el español exigen a la Unión Europea que sancione a Japón, un país en el que aseguran que «ni se respetan los derechos humanos ni existe un Estado de Derecho, a pesar de la imagen de modernidad que proyecta».

Curiosamente, en Japón los divorcios cotizan al alza: en 2020 se divorciaron 193.000 parejas, casi un tercio de las que dieron el 'sí, quiero'. Y con ellas ha crecido también el número de abducciones y la presión local para evitarlas. «Los japoneses son las víctimas en un 95% de ocasiones. El problema es que no lo denuncian porque sienten vergüenza y prefieren proteger su entorno laboral y de amistades antes que a los hijos», explica Vincent Fichot. «No obstante, cada vez están tomando más conciencia del problema», apostilla.