Sangre birmana

Mientras tanto, y como ocurre en innumerables conflictos, la comunidad internacional se limita a 'condenar' dichas actuaciones con la boca pequeña. Contextualizando la situación birmana y sin equipararla a la ucraniana, poca presión y sanciones contemplamos sobre la junta militar que controla férreamente el país, aunque se reconozcan las atrocidades, crímenes de guerra y de lesa humanidad que allí se están cometiendo.

El mundo observa con indiferencia la masacre, mientras quienes derrocaron de forma ilegítima al Gobierno civil electo de la Liga Nacional para la Democracia de Aung San Suu Kyi consolidan el poder a sangre y fuego. Que el consejero del Departamento de Estado estadounidense, Derek Chollet, califique a los militares gobernantes como «panda de matones»; que la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) critique con dureza las recientes ejecuciones «oficiales» de cuatro personas, dos de ellas activistas políticos condenados en enero por terrorismo (Phyo Zeyar Thaw, antiguo parlamentario de la Liga Nacional para la Democracia, y Kyaw Min Yu), y que el resto del mundo democrático condene la brutalidad y violencia del régimen contra su propia ciudadanía, de poco sirven para acabar con el régimen militar birmano. Recordemos que hay más de cien personas condenadas a la pena capital desde febrero de 2021.

El golpe de Estado ha sumido a Birmania en una profunda crisis política, social y económica, y ha abierto una espiral de violencia con nuevas milicias civiles (Fuerzas de Defensa del Pueblo, brazo armado del Gobierno de Unidad Nacional leal a San Suu Kyi) que han exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas, y que se enfrentan al Ejército, la Policía y los escuadrones clandestinos denominados «bebedores de sangre» que apoyan a la Junta Militar presidida por el general Min Aung Hlaing. Myanmar se enfrenta a un futuro crispado y sombrío en el que seguirá aumentando el sufrimiento de la población.