La nueva ley para Hong Kong prevé cadena perpetua por crímenes contra la seguridad

Ante esta situación, y consciente de que él mismo puede ser uno de los primeros objetivos de la nueva norma, Wong ha decidido dimitir del cargo que ocupaba en el partido que fundó, Demosisto. Le siguieron poco después otros activistas prominentes, hasta que la propia formación política, surgida tras la Revolución de los Paraguas de 2014 para exigir un régimen democrático en Hong Kong, ha anunciado su disolución. «A pesar del autoritarismo de China, los hongkoneses continuarán luchando por la libertad y la democracia. Cuando la justicia se ausenta, la batalla perdura», escribió en Twitter. Sus palabras tuvieron un eco muy modesto en las calles, donde decenas de personas se manifestaron pacíficamente y algunas fueron detenidas.

La Ley de Seguridad Nacional, que cuenta con seis capítulos y 66 artículos, ha sido desarrollada para arremeter contra quienes han protagonizado las protestas que, en el último año, han incendiado el principal centro financiero de Asia. Castigará los actos de secesionismo, subversión y terrorismo, así como las injerencias extranjeras, y establecerá una oficina directamente controlada por el Gobierno central para investigar a los delincuentes y hacer que sean procesados en los tribunales de la ciudad. No obstante, en «casos extraordinarios», los procesados se enfrentarán a la Justicia en la China continental, donde las garantías legales brillan por su ausencia, y podrían ser condenados a cadena perpetua.

La ley, que no será retroactiva, establece como máxima pena la cadena perpetua para los casos considerados crímenes contra la seguridad más graves, tres años de cárcel para los más leves y una interpretación muy amplia de lo que son actos terroristas.

Su aprobación, ratificada ya por el presidente chino, Xi Jinping, ha sido polémica por varias razones. La primera está relacionada con el proceso de promulgación, que se ha llevado a cabo en Pekín saltándose el debate y la votación en la Cámara autonómica para ser incluida directamente en el Anexo III de la miniconstitución por la que se rige la excolonia. La segunda reside en el secretismo con el que ha sido aprobada, sin dar a conocer su contenido al público. Y la tercera está relacionada con la inédita celeridad con la que se ha concluido el proceso y el momento elegido para ello: en medio de la pandemia del coronavirus y justo en víspera de la conmemoración del 23 aniversario de la devolución de Hong Kong al gigante asiático.

Por si fuese poco, la marcha anual del 1 de julio, en la que se reivindican las libertades que diferencian al territorio del resto del país, ha sido prohibida por las medidas implementadas para frenar los contagios. Sin embargo, la jefa del Ejecutivo autonómico, Carrie Lam, ha defendido la promulgación de una ley con la que muchos otros países cuentan en formulación similar. «Hong Kong es parte inalienable de China y goza de una gran autonomía supeditada al Gobierno central», reiteró Lam en un discurso televisado.