Pakistán aprueba un proyecto para la castración química de los violadores

Así, recoge que «la castración químicas es un proceso contemplado por las normas establecidas por el primer ministro en el que una persona queda incapacitada para mantener relaciones sexuales durante un periodo de su vida que sería determinado por el tribunal a través de la administración de medicamentos que deben ser prescritas por un comité médico».

El proyecto fue aprobado en medio de la oposición del senador Mushtaq Ahmed, miembro de Jamaat-e-Islami, quien dijo que se trata de una medida «antiislámica» y «contraria a la sharia». Así defendió que los condenados deben ser ahorcados en público y no castrados.

El primer ministro paquistaní, Imran Jan, se mostró favorable al proyecto y abogó por «crear un ambiente seguro para los ciudadanos», mientras que fuentes citadas por la cadena de televisión paquistaní Geo TV informó que varios ministros se mostraron también partidarios de la pena de muerte.

El proyecto, aprobado en diciembre de 2020 por el presidente Alvi, contempla la creación de un registro de criminales sexuales y prohíbe la publicación de las identidades de las víctimas, mientras que los policías y funcionarios que muestren «negligencia» a la hora de investigar los casos podrían ser condenados a penas de hasta tres años de cárcel. Las denuncias han aumentado también por los numerosos casos de violaciones contra menores de edad en el país. La ministra de Derechos Humanos paquistaní, Shirin Mazari, apuntó en noviembre de 2020 a la existencia de «un modo de pensar bestial» que «sigue arrasando con la sociedad».

Sin embargo, Rimmel Mohydin, de Amnistía Internacional, resaltó en diciembre de 2020 que «las castraciones químicas forzosas violarían las obligaciones internacionales y constitucionales de Pakistán para prohibir la tortura y otros tratamientos crueles, inhumanos o degradantes».«Castigos como este no harán nada para arreglar los fallos del sistema de justicia. En lugar de intentar desviar la atención, las autoridades deben centrarse en el crucial trabajo de reformas que hagan frente a las causas raíz de la violencia sexual y dar a los supervivientes la justicia que merecen y la protección que necesitan».

En este sentido, un tribunal de Pakistán prohibió en enero las conocidas como «pruebas de dos dedos» llevadas a cabo por personal médico para determinar si una mujer ha sido violada, tras declararlas como «ilegales e inconstitucionales». Así, destacó que «no son científicas y no tienen base médica, por lo que no tienen valor forense en casos de violencia sexual».

El tribunal subrayó en su veredicto que estas pruebas «ofenden la dignidad personal de la víctima y van contra su derecho a la vida y la dignidad, contemplados en los artículos 9 y 14 de la Constitución», antes de incidir en que «son discriminatorios contra la víctima, al ser llevados a cabo por su género».

Cientos de mujeres son violadas cada año en Pakistán, donde las víctimas y diversas organizaciones no gubernamentales han criticado la falta de condenas contra los responsables. Además, las víctimas son frecuentemente acusadas de las agresiones que sufren, lo que acarrea un estigma que ha provocado además que muchas de ellas no se animen a denunciar.